La sanidad pública de Castilla y León incorporará un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas «que lo requieran», como fórmula para prevenir abortos, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan «escuchar el latido del bebé» y una ecografía 4D antes de interrumpirlo. Un conjunto de medidas «provida» que presentó el vicepresidente de la Junta y líder de Vox, Juan García-Gallardo, desde la perspectiva de que, para el Gobierno de la Comunidad, «el derecho a la vida es prioritario». La idea inicial, tal y como explicó, es poner las medidas en marcha «inmediatamente» con el ofrecimiento de las mismas «de manera obligatoria» por parte del profesional sanitario, aunque a los padres y madres «no se les va a obligar a escuchar el latido del bebé» dado que «es voluntario» participar de estos programas.
No obstante, más tarde, fuentes de la Consejería de Sanidad en Castilla y León, cartera que dirige el PP, explicaron a este periódico que «el protocolo va a seguir igual». De esta forma, según estas mismas fuentes de la Consejería, «no se obligará a los médicos» a ofrecer una ecografía entre la sexta y la novena semana para que la embarazada escuche el latido fetal ni tampoco una ecografía 4D si no es por sospecha de alguna anomalía. Un extremo, el de la obligatoriedad, que había sido anunciado por el vicepresidente autonómico. «No va a haber ningún cambio en el protocolo», insisten.
El paquete de medidas anunciado por García-Gallardo también incluye la protección de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no quieran practicar abortos, y aseguró que «no se establecerán listas negras» de objetores. El número dos de la Junta detalló durante su intervención tras el Consejo de Gobierno que se trata de un acuerdo «negociado y consensuado» con la Consejería de Sanidad y que supone el desarrollo del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox firmado el 10 de marzo del año pasado, concretamente en lo relativo a los puntos 12 y 13 para el apoyo a las familias y la promoción de la natalidad.
Tal y como explicó el vicepresidente, en la práctica, la entrada en vigor de estas medidas obligaría a los profesionales a «decirle a la mujer que tiene esas tres posibilidades» –atención psicosocial, latido fetal y ecografía 4D–, mientras que su uso o no será una decisión voluntaria de la mujer. Hecho, el de obligar a los sanitarios, que más tarde fue negado por fuentes de la Consejería de Sanidad a este periódico. «Se trata de que todas las mujeres que acudan por primera vez a una consulta en situación de embarazo tengan posibilidades para que puedan tomar, lo más informadas posible, cualquier decisión: la de seguir o la tragedia a nivel social, por la huella que deja a las mujeres, de abortar», apuntó.
La segunda de las medidas es el protocolo de latido fetal y el registro cardíaco, algo «optativo y complementario» con las tres ecografías preceptivas que se realizan actualmente y que se llevaría a cabo entre las semanas seis y nueve de embarazo, a fin de permitir que «antes de cualquier decisión», puedan «escuchar el latido de su hijo».
Por lo que se refiere a las ecografías 4D, se trata de una técnica ecográfica complementaria y no sustitutiva de los estudios ecográficos estandarizados del seguimiento del embarazo, que «puede aportar ventajas para la evaluación ecográfica de los profesionales», ya que «permite una mejor visualización del feto, así como una mejor valoración del corazón, permitiendo una detección más precoz de las cardiopatías congénitas».
Ola de críticas a la decisión
La decisión anunciada por el vicepresidente de la Junta y líder de Vox, Juan García-Gallardo, se encontró con una férrea crítica por parte de la oposición parlamentaria y miembros del Gobierno de España. El líder regional del PSOE, Luis Tudanca, arremetió contra las medidas, y denunció que pretenden «coaccionar» a las mujeres que deciden interrumpir su gestación y «dificultar» el ejercicio de este derecho. Aseguró así que se vuelve a producir un «ataque intolerable» a los derechos y libertades de las mujeres. «Es inaudito», dijo. «Lo terrible es que en Castilla y León hace mucho tiempo que el señor Mañueco nos ha metido en un túnel del tiempo, que vamos hacia atrás, que parece que volvemos a los tiempos del NO-DO», remató el socialista tras conocerse el contenido del plan anunciado por Juan García-Gallardo.
El procurador de Cs, Francisco Igea, advirtió a la Junta de que «menoscabar» el derecho al aborto está tipificado por el Código Penal. «Ya está bien de este disparate que estamos viviendo en esta Comunidad», dijo. Desde el Ejecutivo Central, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, comparó con 'El cuento de la criada' las medidas anunciadas por la Junta, y lamentó que buscan «intimidar» a las mujeres. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó que «estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP».