Hace ahora 12 meses fueron recibidos en el puerto de Valencia por un dispositivo humano y logístico sin precedentes. Un año después, 480 de los 629 inmigrantes del Aquarius, 61 de ellos menores no acompañados, intentan iniciar una nueva vida en 14 comunidades autónomas y otros 80 en Francia.
Mientras, los 69 restantes renunciaron o abandonaron el programa de protección del sistema nacional de acogida e integración, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Los que llegaron aquel 17 de junio de 2018 a Valencia tras la decisión del Gobierno -acababa de aterrizar Pedro Sánchez- de darles la acogida que Italia y Malta les negó al cerrarles sus puertos, fueron 629 personas de 25 países, 73 de ellas menas (menores no acompañados) y otros 10 niños con sus familias. La gran mayoría, 545, eran hombres, y 84 mujeres. Fue un rescate dramático.
A todos se les concedió un permiso de estancia extraordinario de 45 días por razones humanitarias y se les garantizó la posibilidad de solicitar asilo, pero casi la mitad, un total de 300, manifestaron su voluntad de pedirlo en Francia, país que acabó aceptando el traslado de 80 de ellos.
En España, atendiendo a las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, formalizaron su solicitud de protección internacional 371 de los rescatados, que fueron admitidas a trámite y están en proceso de instrucción.
Ha sido el caso de un grupo de 30 personas atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en su mayoría mujeres nigerianas en situación vulnerable -muchas víctimas de violencias sexuales-, y que están esperando la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), comenta Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de esta organización.
Para esta abogada, «no tendría sentido ni sería coherente ni sostenible» que se les denegara cuando el Ejecutivo «dio ese paso de acogerles y darles un tratamiento distinto» que al resto de inmigrantes que llegan a nuestro país.
Y todo eso pese a que algunos de ellos, y también los 60 rescatados apenas unos días después por el barco de Open Arms para los que el permiso de residencia otorgado fue de 30 días y no 45, «no cumplen con alguno de los cinco motivos de persecución» contemplados en la Convención de Ginebra para darles el estatuto de refugiados.
Un ejecutivo valiente
«Hay que darles otro tipo de respuesta, cualquier tipo de protección, si no es el estatuto de refugiado, otro por razones humanitarias», sostiene Favieres, que explica que «la ley no define lo que son razones humanitarias y queda a la discrecionalidad de las autoridades, pero también fue discrecional la decisión del Gobierno, que fue muy valiente en aquel momento».
Los inmigrantes que aguardan la resolución de su solicitud de asilo tienen derecho a permanecer en España hasta que se resuelva, a no ser que sean reclamados por otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional.
Si es positiva, se abrirá un período de integración de entre seis y 18 meses en el que permanecerán acompañados por una ONG.
De lo contrario, la autorización de estancia legal de los que tengan una resolución desfavorable o los que no reclamaron asilo expira, por lo que la Policía Nacional puede iniciar los trámites para expulsión contemplados en la Ley de Extranjería y que, en algunas ocasiones, incluye el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que son deportados.
La inmensa mayoría de las provincias y regiones, en la medida de sus posibilidades, brindaron su ayuda a los recién llegados. En Andalucía recalaron 67 personas, en Aragón 18, en Baleares 17, cinco en Cantabria, 18 en Castilla y León, dos en Castilla-La Mancha, 15 en Cataluña, seis en Extremadura, dos en Galicia, 15 en Madrid, 26 en Murcia, 19 en Navarra, 10 en el País Vasco y 239 -en la Comunidad Valenciana, que en aquellos días y los siguientes ha dado una lección de solidaridad a toda España.
Una vez más, España demostró tener un inmenso corazón. Era una carrera contrarreloj de ayuda humanitaria y emergencia logística, apenas seis días para coordinar a 2.300 personas, habilitar hospitales y albergues, garantizar la intimidad de los protagonistas y, sin quererlo, dar una imagen de solidaridad y refugio desde España que ha quedado para la Historia. Se llamó Esperanza del Mediterráneo. «Era una emergencia pura y dura y se hizo lo que se tenía que hacer, y más», admite la responsable del programa de refugiados de Cruz Roja Española Cristina Domínguez, quien aplaude la gran coordinación entre esta ONG y el Gobierno, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento.