La economía española está teniendo, en general, un buen comportamiento en lo que se refiere a la recuperación de la crisis cuyo tejido productivo trata de volver cuanto antes a la normalidad. Sin embargo, muchas empresas, principalmente pymes, aún no han superado los efectos de la pandemia en sus balances y continúan atravesando momentos difíciles, tanto por su baja facturación como por las deudas que acumulan y la morosidad que sufren de sus clientes.

De hecho, el 4,8% de las facturas que emiten las pequeñas y medianas empresas son devueltas por insolvencia lo que provoca que el 27% de las sociedades consideran que la viabilidad de sus negocios está en peligro, de acuerdo con los datos publicados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Este diagnóstico pesimista coincide con el balance que incide que en el primer medio año de pandemia, la COVID se llevó por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos. El confinamiento decretado el 14 de marzo se saldó con una pérdida de unas 1.150 sociedades al día hasta septiembre de 2020.

En este escenario, la tasa de supervivencia para las compañías con menos de cinco empleados cerró el tercer trimestre de 2020 en el 78%, según un informe sobre la demografía empresarial ante la pandemia publicado por el INE.

Alza de costes

El aumento de la morosidad es aún más grave para el mundo empresarial en un momento en el que los costes de producción están disparados con la electricidad y el petróleo en máximos, la inflación complicando la competitividad, la demanda se ha reducido y la capacidad opertativa del tejido productivo se encuentra lastrada también por las bajas laborales que provoca el coronavirus.

Ante este panorama, los economistas advierten de la posibilidad de una avalancha de quiebras, sobre todo, de pymes que no puedan hacer frente a las deudas como consecuencia de que sus clientes no puedan tampoco pagarles a ellos y ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones finanicieras, así como la devolución de los créditos ICO recibidos al principio de la pandemia y que  hay que empezar a pagarlos.

De hecho, el número de deudores concursados alcanzó en el cuarto trimestre del año los 2.377, lo que supuso un aumento del 21,8% sobre el tercer trimestre del 2021, según el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes de Muebles en España.

Por tipo de concurso, fueron voluntarios 1.182 (un 59,1% menos que en el cuarto trimestre de 2020), mientras que los declarados consecutivos fueron 1.190 (nueva categorización en 2021), y los necesarios, 5 (un 94,9% menos que en el mismo período del año anterior). Por su parte, los abreviados disminuyen en el país un 44,9% y los ordinarios cayeron un 49,6%.