La desescalada tras un largo confinamiento, hacia la llamada nueva normalidad, quizá se llevó a cabo de una forma precipitada y, sobre todo, sin un mensaje claro a la población, parece que se soltaba a los españoles a las playas y lugares de vacaciones como si nada hubiera ocurrido y se les invitaba a recuperar el tiempo perdido, en aras también de tratar de compensar negocios cerrados, principalmente en el sector del turismo, la hostelería y el comercio, los más castigados. 
Posiblemente esa falta de advertencia y que, en muchas ocasiones no se transmitiera una imagen de la realidad que se estaba viviendo, unido a la irresponsabilidad de algunos ciudadanos, provocó que, pese a la prohibición de fiestas patronales y actos multitudinarios, las reuniones y comidas sustituyendo estas no celebraciones hayan conducido, desde septiembre, a esta segunda ola de la pandemia de COVID-19 contra la que seguimos luchando.
La situación no es buena, con mayor incidencia en algunas comunidades autónomas, donde ha sido preciso adoptar medidas drásticas desde toques de queda a cierres perimetrales y, nuevamente, clausura de bares y restaurantes, con repercusión en sectores que les proveen y en hoteles y turismo rural -porque cerrada la autonomía a ciudades más pobladas es difícil que haya viajeros- que vuelven a la situación original pero esta vez ya con un grito de auxilio porque, sin comprender bien lo que ocurre, necesitan de un plan de ayudas ante un cese de actividad obligada, cuando venían adoptando a rajatabla las medidas dictadas por las autoridades sanitarias.
Muchos hosteleros tienen la vista puesta en Madrid donde vienen bajando los casos, desde el 30 de octubre, al menos según las estadísticas oficiales, confirmadas por los datos de ingresos hospitalarios, sin que haya habido que recurrir a frenar actividades, aunque cerrará sus fronteras desde el 4 al 14 de este diciembre, en el tradicional largo puente. 
Con el endurecimiento de las disposiciones preventivas en otros puntos de la geografía, y la inquietud de los sectores económicos, circula la impresión de que se hace un esfuerzo con el fin de salvar las navidades, lo cual no deja de generar inquietud ante lo vivido en el inicio del otoño. 
Es preciso apelar a la responsabilidad de las administraciones que gestionan la lucha contra el virus, y después de los ciudadanos. De nuevo vamos a una frontera líquida entre la salud y la economía que, en enero, puede conducirnos a la tercera ola sin acabar la segunda, unida a los típicos casos de la temporada de catarros y gripe.
Da miedo solo pensar en las aglomeraciones de personas, alcohol, fiestas privadas y cenas familiares sin control en unas fecha tan señaladas como éstas. Solo una buena organización desde la Administración y, más que nunca, el sentido común y la responsabilidad de los ciudadanos, de todos, puede evitarnos una nueva recaída, aunque se hable con optimismo de la tan deseada vacuna que, oh paradoja, ahora parece que pocos están dispuestos a ponérsela. Efectivamente, en la vida diaria de todos se introdujo un elemento nuevo, pero no estaba dentro de la normalidad sino que se trataba de una realidad muy diferente.