La tensión que se llevaba acumulando desde hace meses entre Isabel Díaz Ayuso y la cúpula del PP ha estallado en una guerra fratricida en la que ambos bandos están sacando sus armas más letales: la presidenta madrileña culpa a Génova de vincularla con la corrupción «sin pruebas» para destruirla y la dirección del bloque popular le ha abierto un expediente por sus acusaciones «casi delictivas» contra el líder conservador, Pablo Casado. 

En el centro del choque se sitúa el congreso del PP de Madrid: Ayuso, que insiste en que se ponga una fecha para el cónclave, asegura que han buscado desprestigiarla para que no presida el partido.

La dirección del PP, por su parte, sostiene que en junio respaldaron a la mandataria, pero después conocieron las supuestas comisiones, le pidieron información y ella no solo no la proporcionó, sino que reclamó que el congreso autonómico se celebrase cuanto antes.

La polémica se desató el pasado jueves en tres actos. El primero se desarrolló en Cibeles donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negó un espionaje contra la presidenta a través del Ayuntamiento. Sostuvo que no ha encontrado pruebas, pero que de haberlas habría ceses. Horas después, el señalado por esa supuesta investigación, Ángel Carromero, alto cargo del PP de Madrid que no pertenece a la Ejecutiva nacional, presentó su dimisión como director general de la Coordinación de la Alcaldía.

 En el segundo acto, en la Puerta del Sol, la dirigente negó la existencia de irregularidades y pidió a su partido pruebas y depurar responsabilidades: «Que prueben que ha habido tráfico de influencias. Que prueben que ha habido un solo contrato irregular. Que prueben que yo no soy honrada». «Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir», afirmó la conservadora, que exigió nuevamente convocar el congreso del PP madrileño para «dar voz» a los afiliados.

Y el tercer acto se produjo en Génova, donde el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, negó que se estuviese elaborando un dosier contra la presidenta y cargó contra ella por atacar de forma «cruel e injusta a la dirección que le ha dado todo», al tiempo que informó de la apertura de un expediente a la dirigente y de que los servicios jurídicos estudian las actuaciones «que puedan surgir en derecho» por supuestas irregularidades.

Sin entrar en si fue ilegal o no la contratación de su hermano, Casado cargó horas después contra la mandataria para cuestionar que el presunto espionaje es, en realidad, un «montaje» para tapar un posible «tráfico de influencias».

Un futuro incierto 

De cara al futuro, todo son incógnitas. La dirección nacional del PP no anticipa cómo puede terminar el expediente abierto contra la presidenta. Los estatutos de la formación contemplan incluso la expulsión ante una «manifiesta deslealtad al partido», una infracción muy grave que también se puede sancionar con la suspensión de la afiliación entre cuatro y seis años o la inhabilitación para representar al PP por igual tiempo.

No hay precedentes de que el partido haya expulsado a uno de sus máximos dirigentes cuando ejercía un cargo público, mucho menos a un presidente autonómico. Y en el horizonte están el congreso regional y después el nacional, previsto para julio y en el que, según cargos populares, la única solución es una «renovación total» del partido. 

Desde la cúpula conservadora no descartan que Ayuso, si logra demostrar la legalidad del contrato sanitario, pueda dar la batalla y plantar cara a Casado. Y entonces, la guerra ya abierta tendrá un ganador. O ninguno.