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La ley del juego ultima sus trámites antes de ir a las Cortes

P. Velasco
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El anteproyecto ha recibido siete alegaciones de diferentes colectivos del sector y matizaciones de la Consejería de Educación durante su exposición pública

Fachada exterior de un salón de juegos que se verá afectado por la modificación de la legislación actual. - Foto: Javier pozo

La futura ley reguladora del juego y las apuestas de Castilla y León afronta sus últimos trámites con los informes necesarios antes de su presentación en las Cortes, prevista para finales de año. La Consejería de Presidencia trabaja en la modificación de esta normativa, que data de 1998, y que la Junta se comprometió a revisar lo que ha supuesto la paralización durante dos años de la concesión de licencias para nuevos establecimientos de juego.

La modificación, cuyo periodo de exposición pública del anteproyecto concluyó el pasado 30 de junio, ha contado con las propuestas adoptadas por la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León en la que están representados el sector empresarial (casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y máquinas), UGT y CCOO, cuatro consejerías de la Junta (Presidencia, Familia, Educación y Sanidad), Delegación del Gobierno, Federación Regional de Municipios y Provincias, consumidores y usuarios, y representantes de jugadores de azar rehabilitados.

Durante este periodo se han presentado siete alegaciones desde el sector empresarial, mientras que la Consejería de Educación ha hecho un par de matizaciones sobre algunos de los términos. «El anteproyecto había sido consensuado previamente con todos los afectados y los miembros de la Mesa del Juego Responsable, por eso casi no ha habido alegaciones. Esto nos hace pensar que ya terminado el plazo se va a pasar por los servicios jurídicos, para enviarlo posteriormente al CES y al Consejo Consultivo, y en cuanto nos den el visto bueno lo lanzamos a las Cortes», explica la directora general de Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia, Irene Muñoz, que añade que «la idea es que a final de año se pueda llevar a acuerdo del Consejo de Gobierno».

La responsable autonómica detalla que ya se ha celebrado el consejo asesor donde se debatió el texto para enviarlo a los órganos consultivos. «Las alegaciones son pocas y son más observaciones o reflexiones a una normativa que ya estaba pactada», matiza Muñoz, que indica que los puntos más polémicos, como las distancia de las salas de juego a los centros educativos, ya se acordaron en reuniones previas. «Todas las partes coincidían en que no somos tan estrictos como otras comunidades que lo tienen recurrido judicialmente, pero conseguimos con esto elevar la distancia y alejarnos un poco de los centros escolares. Esta ley va en el sentido de las modificaciones que están haciendo en otras autonomías», aclara.

Seguridad jurídica

La directora general de Relaciones Institucionles destaca que con esta modificación de la ley del juego, Castilla y León se convierte en «una de las comunidades con mayor seguridad jurídica en este tema, que ha sido pionera en muchísimas regulaciones de la materia». «Esta ley lo que va a provocar posteriormente es que muchísimos decretos se tengan que adecuar», añade, tras lo que insiste en que la ley «es mucho más garantista también y el nivel de exigencia que la administración le viene muy bien porque garantizamos un uso más responsable del juego».

Los nuevos establecimientos específicos de juego y apuestas tendrán que guardar una distancia mínima de 150 metros de una zona de influencia de centros oficiales de enseñanza reglada y 300 metros de otro espacio de juego ya existente. Además, se exigirá en todos ellos carteles en sus puertas con la prohibición de la entrada de menores y la recaudación de las multas irá a fines sociales.

La Ley presta especial atención a los menores de edad y a los colectivos especialmente vulnerables, se exige en las puertas de acceso a todos los establecimientos específicos de juego y apuestas carteles informativos que adviertan de la prohibición de entrada a los menores de edad y a las personas inscritas en el Registro de Interdicciones de la Comunidad de Castilla y León.