La Plataforma por los Derechos de las Mujeres denunció ayer en rueda de prensa las limitaciones que se presentan para ejercer de manera efectiva en Castilla y León la decisión sobre su vida sexual y reproductiva. "Se trata del eje constructivo de muchos otros derechos necesarios para ejercer nuestras libertades. Al igual que el derecho al voto fue la base material para nuestra libertad, la potestad para controlar nuestra maternidad es clave para poder disponer de nuestras vidas", precisaron las integrantes del colectivo feminista

Así, reinvidicaron pode ejercer con libertad el elegir número de hijos, cuándo y con quién tenerlos, o poder acceder al aborto. "Se trata de cuestiones sobre las que las mujeres deberíamos tener la primera y la última palabra. Sin embargo, la sexualidad y la reproducción son objeto de numerosas leyes o prácticas ideadas para que otros controlen y tomen decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, lo que hipoteca nuestras opciones de vida", apuntaron.

En este sentido, la Plataforma precisó que "hablar del aborto es hablar de justicia social para las mujeres, es un asunto de salud pública, es hablar de combatir la criminalización de las mujeres por querer construir un proyecto de vida, y porque dejemos de ser vistas como propiedad privada, no lo somos ni de la familia, ni del esposo, ni de la pareja, ni del estado: mi cuerpo es mío, mi cuerpo soy yo y mío es el derecho a decidir".

Igualmente, explicó que las mujeres que deciden abortar "lo van a hacer esté, o no, prohibido, o limitado, o dificultado", al tiempo que señaló esas circunstancias se seguirá produciendo, pero en peores condiciones. "Restringir el acceso al aborto es una manera intolerante y discriminatoria de entender las relaciones entre las personas, la sexualidad y la autonomía de las mujeres, que no corresponde al desarrollo de nuestra sociedad democrática, ni al sentir mayoritario de la población", aseveró.

El colectivo feminista palentino puso de manifiesto que "en .ncluso en un país donde hay leyes que garantizan la igualdad, en nuestra autonomía, las mujeres sufrimos discriminación institucional". Así, denunció que "las dificultades extremas" que se ponen a las mujeres de la Comunidad para abortar "tienen consecuencias muy graves, ya que conducen a abortos inseguros e ilegales, a dilaciones injustificables, desde cualquier punto de vista, al señalamiento y la culpabilización de las mujeres". 

La Plataforma por los Derechos de las Mujeres concretó que el dato más reciente de 2021 indica que el 97,7% de abortos fueron derivados a centros sanitarios privados.  En Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora a las mujeres que han solicitado abortos se las deriva siempre a otro territorio para realizar la intervención. En 2021 fueron 776 las mujeres que hubieron de trasladarse para acceder a ese derecho. Excepto Burgos, que dispone de cobertura pública para el ejercicio de este derecho, todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar, sin coste alguno, son derivadas a Valladolid, cuando no a otra comunidad autónoma, como es el caso de Soria, donde las mujeres son derivadas a una clínica concertada en Madrid.

Si una mujer residente en León quiere ejercer su derecho a abortar gratis en León, no puede hacerlo. Puede acudir a una clínica privada, pero tiene que pagar por el procedimiento. Castilla y León es la única comunidad autónoma donde no está financiada la sedación para abortar y más del 40% de mujeres de Castilla y León han de pagar por su aborto