La Diputación dio luz verde en el pleno de ayer al convenio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en materia de intercambio de información y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales, que fue aprobado por unanimidad. Un acuerdo que sustituye al de 2003 suscrito para esta misma materia y que, como señaló la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, María José de la Fuente, «viene motivado por la necesidad de establecer un nuevo sistema de intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las entidades locales».
Un nuevo escenario en el que, añadió, «se prevean todas las posibilidades tecnológicas existentes en la actualidad; logrando con ello la agilización en la disposición de la información, una disminución de los costes incurridos y su adaptación a la normativa vigente en materia de tratamiento de datos personales y control y seguridad de los datos suministrados».
Concretamente, la información a suministrar tiene doble direccionalidad. Por un lado, desde la Agencia Tributaria, suministrar la información necesaria para procedimientos de gestión tributaria y recaudación, amén de para otras finalidades como son las relacionadas con las ayudas públicas y la contratación administrativa. Por el otro lado, desde las entidades locales, apotrar los datos disponibles sobre altas, bajas, modificaciones y liquidaciones de algunos impuestos locales y a información sobre medios de pago en la medida que resulte técnicamente posible.
Finalmente, cabe destacar que el texto desarrolla algunos aspectos relacionados con la colaboración en la gestión recaudatoria de entidades locales mediante la práctica de embargos de devoluciones tributarias y de pagos que, según explicó De la Fuente, «deban realizarse tanto por la Agencia como por entidades locales, sus organismos autónomos y demás entes y empresas».
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Sin abandonar el apartado de Hacienda, la corporación provincial dio luz verde a modificación presupuestaria atendiendo a un suplemento de crédito financiado mediante remanente líquido de tesorería.
Se incluyen aquí tres grandes actuaciones. La primera de ellas, relacionada con el refuerzo de la seguridad informática de la institución, concretamente de los servidores en los que se almacena la base de datos de la administración, y la segunda, obras de mejora en las instalaciones de la Escuela de Enfermería Dacio Crespo y del palacio provincial, a fin de mejorar la eficiancia enertética de ambos edificios. Actuaciones, estas últimas, sobre las que el PSOE reclamó información detallada en las correspondientes comisiones informativas al tratarse de una actuación que se eleva, según precisó, a los 80.000 euros.
Por otro lado, y también dentro del área de Hacienda, se dio cuenta del informe de Tesorería sobre el Periodo medio de pago a proveedores de la Institución a mes de mayo de 2021, que es de 8,52 días; inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido de conformidad con la normativa vigente. Unos datos que De la Fuente calificó como «excelentes» unos datos que, afirmó, «son posibles gracias al trabajo de los profesionales de la casa».
APOYO A LOS CONSISTORIOS
Por último, se aprobó la proposición del grupo gopular (con la abstención del grupo socialista y el mixto) para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda que las entidades locales habrán contraído con el Estado por la liquidación negativa de la participación en ingresos del mismo en el año 2020.
Y es que, según destacó el equipo de Gobierno del Partido Popular, con Ángeles Armisén al frente, «el actual modelo de financiación local conlleva una problemática: las entidades locales reciben unas cantidades en concepto de anticipo por su participación en los ingresos del Estado, que se basan en una mera previsión del Gobierno». «Dos años después, esas cantidades son regularizadas teniendo en cuenta la recaudación tributaria real en ese ejercicio», lamentaron los populares.
Según sus datos, las entidades locales -incluida la Diputación-, percibieron en 2020 una cantidad por las estimaciones del Ejecutivo que es superior a la recaudación efectiva. Este hecho provocará que, en 2022, cuando se produzca la liquidación definitiva del ejercicio 2020, ayuntamientos y diputaciones tengan que entregar unos 3.000 millones de euros al Gobierno, lo que, a su juicio, «supondría un obstáculo para la supervivencia financiera de muchas corporaciones locales y un riesgo para garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos».
Por ello, se instó al Gobierno de España a que habilite una serie de mecanismos para «evitar el impacto de esta liquidación negativa», que van desde la condonación de la deuda hasta el establecimiento de un fraccionamiento del pago que alcance los 20 años.
Una propuesta que el portavoz del PSOE, Miguel Ángle Blanco, definió como «una declaración política en estado puro del PP» y una «muestra más de deslealtada insiticional». «No vamos a ser colaboradores en el ruido que ustedes quieren generar sobre un tema en el que no tenemos competencias», añadió su homólogo en el grupo mixto, Eduardo Hermida.
Por su parte, Jorge Llanos, de Ciudadanos, aprovechó el debate para cargar contra Pedro Sánchez. «Solo le preocupa su ego y la Presidencia del Gobierno. Solo le preocupa él», aseveró.