Castilla y León, junto a un grupo de 25 regiones de siete países, encabeza la revuelta institucional contra la Estrategia Forestal Europea 2030, por considerar que es «marcadamente ambientalista» e influenciadas por los grupos conservacionistas, con el objetivo de forzar un «cambio de rumbo» de Europa para evitar que estas posiciones se trasladen a futuras normativas o instrumentos de planificación, como la referida a la reducción de las emisiones de CO2. Así lo puso de manifiesto ayer el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que compareció para informar sobre la posición de Castilla y León y otras comunidades españolas y regiones europeas respecto a la Estrategia Forestal Europea, después de que se celebrara este martes un seminario organizado por la Red Europea de Regiones Forestales, de la que forma parte la Junta y otras 43 regiones de 13 estados miembros de Europa.
Suárez-Quiñones explicó que en este foro se expresó el «desacuerdo de muchos participantes» con este documento de planificación de la Comisión Europea, que no tiene competencias «estrictas» en materia forestal. Su posiciones fueron escuchadas, además, por representantes de la Comisión Europea, el Comité de las Regiones, el Consejo Económico y Social Europeo, el Parlamento Europeo y la organización Forest Europe. El consejero del ramo, que fue el encargado de exponer las conclusiones, defendió una posición «muy crítica» con la estrategia, porque argumentó que es importante sentar las bases porque si en el futuro la Comisión dicta reglamentos o directivas debe saber cuál es la opinión de las regiones y estados miembros que rechazan este documento que insistió tiene un «marcadísimo factor ambiental» y no lo coordina o integra de forma «equilibrada», con el económico y social, para por ejemplo luchar contra la despoblación.
En un tono crítico, Suárez-Quiñones consideró que la Unión Europea está influenciada «excesivamente» por los grupos conservacionistas, que solo defienden la sostenibilidad ambiental y no la «compatibilidad y equilibrio» con el aprovechamiento de las superficies forestales, como vía para combatir la despoblación de áreas rurales. Por ello, hizo hincapié en lograr que Europea no «dé pasos erróneos» en el futuro en otros instrumentos que sean ya de «obligado cumplimiento».
Igualmente explicó que las críticas al contenido de la estrategia se han traslado a través de un escrito que suscriben 26 regiones europeas de siete estados, en el que rechazan el contenido del documento, por suponer una ruptura del equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la social y económica. Por último, Suárez-Quiñones informó del envío de otro documento al Gobierno de España, que suscriben Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Navarra, Murcia y la Plataforma Juntos por los Bosques, que integra a todo sector forestal nacional, para que defienda esta posición crítica con la Estrategia Forestal ante las instituciones europeas. Criticó así la posición «tímida» del Gobierno de España, que recalcó mantiene posiciones «muy maximalistas» en matera ambiental.