El Juzgado de lo Penal dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra tres personas, dos hombres y una mujer, identificados como J.M.G.G., S.G.D. y S.G.D., como presuntos responsables de un delito contra la fauna al ser acusados de colocar cebos de carne con veneno en el campo, con la finalidad de acabar con las aves que consideraban perjudiciales para el ejercicio de la caza en la localidad de Abia de las Torres.

El Ministerio Fiscal, que solicita para los tres un año de prisión e inhabilitación de tres años para poder cazar, elevó a definitivas sus conclusiones antes de concluir la vista oral, que contó con un buen número de testigos entre representantes municipales y agentes medioambientales del Seprona de la Guardia Civil.

El fiscal sostiene que los tres acusados, un padre y sus dos hijos, «con conocimiento de los efectos destructivos que ello comportaba para la fauna del lugar y sabiendo que estaba prohibido y con la finalidad de acabar con las aves perjudiciales para la caza», supuestamente, el 20 de mayo de 2017 colocaron cebos envenenados en el campo dentro del municipio de Abia de las Torres y en un coto privado de caza. De hecho, ese día, sobre las 16,40 horas, un vecino de dicha localidad, mientras realizaba labores agrícolas se encontró en el lugar lo que parecía ser un cebo envenenado, que fue retirado por un agente medioambiental con puesto en Herrera de Pisuerga.

El fiscal pormenoriza que sobre las 21,05 horas de ese día, cuando los tres circulaban con un coche todoterreno por un paraje conocido como La Fábrica, ubicado en Espinosa de Villagonzalo y dentro del coto privado de caza, fue dado el alto por el citado agente medioambiental que se encontraba realizando labores de inspección por la zona para intentar descubrir la posible existencia de más cebos o de animales muertos. 

El agente dio el alto a la familia al comprobar que la chica, que iba como copiloto, portaba un arma de fuego en las manos.

Durante la inspección del vehículo el agente medioambiental encontró en el interior del maletero un envase de plástico que contenía carne picada con pequeños puntos de color oscuro, envase que fue decomisado ante la sospecha de poder ser cebo envenenado. Dichas sospechas se confirmaron posteriormente por el análisis efectuado por el Servicio de Toxicología y Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

La analítica corroboró que se trataba de cebos preparados intencionadamente con el insecticida Temik (principio activo aldicarb) con el objetivo de matar animales de hábitos carnívoros. La extrema y rápida capacidad letal del aldicarb sobre una base de carne picada fresca «garantizan el objetivo del envenenador de forma eficaz y rápida». El aldicarb está considerado actualmente como un producto de comercio de uso ilegal tras su prohibición por la Unión Europea en 2007.

El aldicarb tiene graves efectos negativos sobre el suelo, aguas y los organismos circundantes a las zonas donde se aplica el producto. Sus propias características químicas hacen que sea sencilla su capacidad de infiltrarse en el agua. No es capaz de degradarse en aguas subterráneas a pH neutros y ácidos; por lo tanto, es fácil que acabe a través de la infiltración y de la escorrentía en las reservas de agua potable que consumen los seres vivos. Se han demostrado altos grados de bioacumulación en zonas terrestres que son levemente contrarrestados por la acción de bacterias y fenómenos naturales como la incidencia de la luz solar. En los ecosistemas acuáticos no se bioacumula, pero sí provoca daños graves sobre la vida acuática.

Es potencialmente dañino para las aves. De hecho, con muy pequeña cantidad de aldicarb (del tamaño de gránulos), se ha demostrado en el laboratorio que es suficiente para matar hasta el 80% de los gorriones domésticos (Passer domesticus) y el 40% de los mirlos (Turdus merula) de las poblaciones muestra utilizadas. Estas dosis pueden llegar a las aves por el consumo de insectos o lombrices que ya han asimilado el tóxico.