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Editorial

Los decretos ley no pueden reemplazar a la acción de los mercados

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La tormenta que se cierne sobre la economía como consecuencia de la elevada inflación sirve de excusa a una parte del Gobierno para dar un giro en política económica nacional hacia un intervencionismo casi sin precedentes en la historia reciente. Es comprensible que los gobiernos no se limiten a ser meros espectadores ante situaciones de crisis excepcionales como la que vive Europa, pero sus actuaciones deben dirigirse a corregir las disfunciones creadas en los mercados -enmendando, por ejemplo, un sistema de formación de precios energéticos que no responde a la ley de la oferta y la demanda- o a proteger a las capas más vulnerables de la sociedad, utilizando su capacidad de reequilibrio mediante la política fiscal o las diversas líneas de ayuda. Sin embargo, es cuestionable que los ministerios pretendan reemplazar la acción de los mercados por los decretos ley generando, de paso, una serie de efectos secundarios que a la larga no sólo no solucionan los problemas sino que los agravan y los convierten en estructurales.

Este ansia por manipular el libre mercado tiene mucho de trasfondo ideológico y poco de análisis práctico. Es característico de regímenes populistas de uno u otro signo su preferencia por muñir los efectos económicos -en muchos casos provocados por decisiones equivocadas- antes que actuar sobre las causas que conducen a la situación actual, un trabajo siempre más complicado para un discurso tan simple como el que divide a la sociedad entre ricos y pobres; grandes corporaciones y trabajadores, o los de arriba y los de abajo.

No es posible negar que la crisis de la inflación tiene un acelerante en la guerra de Ucrania y el encarecimiento de las fuentes de energía que paulatinamente se extiende al resto de los sectores productivos, pero es insultante cuestionar que los precios ya estaban en una espiral ascendente antes de la invasión rusa y que en España se han adoptado medidas de política económica en los últimos años que han introducido rigideces en los mercados, mermado la competitividad de las empresas y, por último, entorpecido la libre competencia.

Lanzada ya la carrera para el próximo ciclo electoral se impone, por lo tanto, la necesidad de obtener resultados inmediatos de las políticas en un remedo de la estrategia de encubrir los problemas que llevó hace no muchos años a España a las puertas del abismo económico y social. En este contexto hay que entender la propuesta de una parte del Gobierno de poner un tope de precio a los alimentos básicos que, por otro lado, desvela que este ala del Ejecutivo no tiene nociones básicas de la formación de los precios, de la estructura de la cadena alimentaria y de la organización de la distribución. Es un ejemplo de cómo una medida populista que, teóricamente, se improvisa para ayudar a la masa social termina llevándose por delante a los productores y al pequeño comercio, precisamente la parte más vulnerable de ese pueblo al que dicen proteger.