El Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público. Este órgano, dependiente de las Cortes y que tiene su sede en el número 54 de la calle Mayor, actúa con total autonomía y debe pronunciarse con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público. El pasado 9 de abril se cumplieron 20 años de su constitución, y de su labor habló su presidente, Mario Amilivia, en una entrevista concedida a La 8 Palencia.

Veinte años de una institución que, no sé si tiene esa sensación, aún no es muy conocida por la ciudadanía...

El esfuerzo por dar a conocer el Consejo de Cuentas tiene que ser permanente y siempre será insuficiente, pero todos los informes que aprobamos, todos, además de ser remitidos al ente fiscalizado, al Tribunal de Cuentas y a las propias Cortes de Castilla y León, son objeto de comparecencia en el parlamento regional, por lo que existe una labor permanente.

En los tres años y medio que llevo al frente del Consejo de Cuentas, he intentado dar un mayor impulso a las comparecencias, de forma que se acerquen en el tiempo lo más posible a los informes de fiscalización aprobados. De hecho, hemos presentado casi el 30% de los informes totales aprobados en la historia del Consejo de Cuentas, y ese es el mejor camino.

Además, este año, con motivo del 20º aniversario, hemos abierto la sede a la ciudad de Palencia, de la que el Consejo se siente muy satisfecho. Lo hemos hecho mediante una exposición de carácter cultural del escultor palentino Luis Alonso Muñoz, una persona extraordinaria además de un gran artista. 

No obstante, la función del Consejo de Cuentas es fiscalizadora, y, lógicamente, es muy técnica; no tiene por qué ser popular, pero sí conocida, que es distinto. Por otro lado, la sede sí puede ser accesible, cercana, próxima y una parte más de la vida de Palencia, y en esa línea tenemos que avanzar.

¿Cómo desarrolla su trabajo el Consejo de Cuentas?

Nosotros hacemos tres tipos de fiscalizaciones. Unas de carácter legal, de cumplimiento, que vienen a determinar si ha habido un uso adecuado de los recursos públicos. Las segundas son fiscalizaciones de carácter económico-financiero que revisan la contabilidad pública y las grandes masas patrimoniales de un ente fiscalizado, por ejemplo, el informe sobre la Comunidad Autónoma en relación al impacto del covid. 

Y, en tercer lugar, hacemos otras más novedosas  -llevamos unas 30- que se denominan operativas de rendimiento o gestión, que tratan de analizar si una determinada administración, con los recursos que ha dispuesto, ha sido o no capaz de alcanzar los objetivos que se ha planteado. Por ejemplo, si una entidad aprueba un plan contra la despoblación, comprobamos si ha sido eficaz o ha respetado los principios de economía.

El Consejo de Cuentas fiscaliza a la Comunidad Autónoma, al sector público y a 4.639 entidades locales, es decir, al 28% de los ayuntamiento de España, y al 60% de las juntas vecinales que existen en nuestro país. El volumen económico supera los 15.000 millones de euros. Es un trabajo muy intenso.

En estos 20 años han aprobado 241 informes y más de 2.200 recomendaciones...

Hay que tener en cuenta que antes de la creación del Consejo de Cuentas, el Tribunal de Cuentas solo realizó 45 fiscalizaciones en la Comunidad durante un período de 20 años. Pues bien, desde que se creó  vamos camino de las 260 fiscalizaciones, es decir, se ha multiplicado por seis la capacidad de fiscalización en la Comunidad. 

Por eso, cuando alguien plantea si este tipo de órganos deberían existir, está claro que con más cercanía y proximidad han servido para dar un plus de garantía a los ciudadanos y entes de Castilla y León. Las 2.200 recomendaciones, además de mejorar la transparencia, están encaminadas a enriquecer la gestión. Solo el año pasado, el grado de aceptación de esas recomendaciones fue del 81%, y eso pone de manifiesto que estos años hemos contribuido, en la práctica, a mejorar la gestión de los entes que fiscalizamos.

Pese a estos datos, ha surgido un debate respecto a la continuidad o no de determinadas instituciones dependientes de las Cortes, sobre todo a raíz de la entrada de Vox en el Gobierno regional. ¿Qué opina?

Creo que no se ha planteado respecto al Consejo de Cuentas, pero es cierto que ese debate sí se ha suscitado en algún momento con carácter general. El debate no es si tiene que existir o no el Consejo de Cuentas, sino si queremos o no fiscalización en Castilla y León. Esto es aplicable al resto de las instituciones propias, porque no duplican nada. Hoy, en España, existen 13 consejos de cuentas y se actúa con absoluta complementaridad y colaboración con el Tribunal de Cuentas, que ha renunciado a hacer esa fiscalización en el ámbito de las CCAA, sin perjuicio de que de vez en cuando todos los órganos de control colaboremos para fiscalizar una política común. Por ejemplo, ahora con los fondos de resiliencia.

¿Se ha sentado con el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, para convencerle de que el futuro del Consejo de Cuentas debe estar garantizado?

No he tenido la oportunidad y estaría encantado, pero nosotros somos una institución dependiente de las Cortes, por lo que mi interlocución sería con su presidente, Carlos Pollán. No obstante, no me siento atacado ni percibo que nadie plantee la discusión de la fiscalización en Castilla y León, por lo que no tengo esa inquietud.

¿Cuál es el futuro del Consejo de Cuentas? ¿Qué retos afronta?

Venimos desde la anterior legislatura reiterando la posibilidad de que el Consejo de Cuentas también se convierta en una agencia de evaluación de las políticas públicas. Sería una agencia independiente, ajena a la administración, y estamos capacitados para dar ese paso con un mínimo esfuerzo, de forma que contribuiríamos a que la Junta evalúe sus políticas públicas. 

En segundo lugar, planteamos una reforma de la ley en tres sentidos: reforzar la independencia del Consejo de Cuentas; recuperar un régimen de personal similar al que había antes de la Ley de Instituciones Propias o dependiente de las Cortes, mayores estímulos a la rendición de cuentas mediante medidas coercitivas.

Y luego, desde el punto de vista interno, estamos cambiando la estructura y contenido de los informes haciéndolos más accesibles, intentando que tengan un lenguaje más pedagógico... 

¿En qué medida las administraciones rinden cuentas en Palencia?

Los datos de rendición del sector público local de Palencia son positivos; están junto en la media. A día de hoy, han rendido cuentas el 85% de los ayuntamientos y el 78% de las entidades locales menores. Eso sí, hay algunos consistorios pequeños que son incumplidores reiterados, y que este año alguno de ellos va ser objeto de una fiscalización específica para conocer los motivos. 

La obligación de rendir cuentas es de carácter legal, no es una ocurrencia del Consejo de Cuentas; y es una obligación ante los vecinos del municipio, por lo que cuando no se rinden cuentas, no se incumple con el Consejo, sino con los ciudadanos, por eso es un deber democrático.

No obstante, hoy por hoy no hay sanciones, ya que aunque están contempladas, no están desarrolladas. Pero sí hay otras medidas que se demuestras mucho más eficaces como condicionar el cobro de subvenciones, pagos o transferencias a esa rendición de cuentas. Eso ya está en marcha en Castilla y León parcialmente.