El vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, anunció ayer que el próximo mes de septiembre comenzará en las Cortes la tramitación de la proposición de ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual de Castilla y León, aparcado desde la legislatura anterior por el bloqueo del Partido Popular, que contaba con la mitad de los votos en el Parlamento. En este sentido, Igea renovó el compromiso de Ciudadanos durante los últimos cuatro años en una reunión que mantuvo con responsables del colectivo LGTBI, tras la cual señaló que los ciudadanos de la Comunidad «no pueden ser menos en igualdad que el resto» de los que viven en otros territorios.

El dirigente naranja, que fue preguntado por la posición del Partido Popular al respecto, garantizó el apoyo de Ciudadanos y el del Gobierno «de coalición», ya que una de las cien medidas suscritas por ambas formaciones (PP y Cs) para la gobernabilidad es la aprobación de esta ley.

En todo caso, en esta legislatura los números para aprobar esta proposición de ley sí dan aunque no existiera el consenso de todos los partidos políticos. Si se atiende al respaldo que mostraron los grupos hace unos meses, la norma quedaría aprobada aún con la oposición o abstención del PP, que ya no son el grupo mayoritario.

Al respecto, el presidente autonómico de la Federación LGTBI (Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), Ignacio Paredero, confió en que todos los partidos se unan a esta causa y, tras mantener recientemente un encuentro con el PSOE, anunció que en las próximas semanas hará lo mismo con el resto de fuerzas parlamentarias.

«No podemos esperar más. Ya existe un texto consensuado de la anterior legislatura», aseguró Paredero, quien fue más allá y urgió su aprobación tras criticar que los casos de acoso escolar a los niños del colectivo y otros de acoso sexual «no esperan», indicó el dirigente del colectivo LGTBI, según informa Ical.

Ley extendida.

Actualmente, doce de las 19 comunidades y ciudades autónomas ya cuentan con una ley de similares características, entre ellas Andalucía y Extremadura, que son «muy parecidas» a la que se plantea desde hace años en Castilla y León. Además, en la región extremeña fue propuesta por el Partido Popular. «Hay que aprobar la ley cuanto antes para que la Comunidad no sea la última en alcanzar la igualdad legal y real para la diversidad social de sus ciudadanos», significó Paredero.

El Partido Popular no se opuso directamente a la proposición de ley de diversidad sexual, pero sí que hizo todo lo posible por bloquearla y retrasar su tramitación. El propio portavoz popular, Raúl de la Hoz, manifestó la legislatura pasada que lo «coherente, sensato y lógico» es que las Cortes no avanzaran con esta norma hasta que no se apruebe la ley que se debatía en el Congreso de los Diputados. Los populares defienden que que no tiene sentido contar con una legislación autonómica cuando tendría que adaptarse en poco tiempo a la estatal.

Medidas legales.

Por otro lado, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, explicó también que el Gobierno autonómico estudiará la posibilidad de regular la reproducción asistida para madres solteras, un encargo que realizará próximamente a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya que Castilla y León es una de las pocas comunidades que aún no la tiene. «Tenemos que dar un paso adelante en derechos. Siempre es más fácil cuando están garantizados por ley para, por ejemplo, pagar un tratamiento de fecundación», sostuvo el dirigente autonómico.

Casado abordará cómo se puede «igualar» a la «inmensa mayoría» de las comunidades la cartera de prestaciones con respecto a la reproducción asistida para aquellas mujeres sin pareja que quieran tener un hijo.