Los gobiernos de España y Francia pactaron este viernes seguir evaluando la viabilidad del gasoducto MidCat en el seno de un grupo de expertos comunitarios y nacionales para determinar si puede ser un proyecto clave de cara al otoño e invierno del periodo 2023-2024.
En una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de ministros de Energía de los Veintisiete, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que ha "tenido la ocasión" de hablar sobre esta infraestructura con "distintos colegas" dentro de la sala, incluida la ministra francesa Agnès Pannier-Runacher.
"Hemos tomado la decisión de que el grupo técnico de interconexiones, con reguladores, gobiernos, y operadores del sistema de transporte de gas, hagan una valoración rápida sobre cuáles son las infraestructuras que deben estar reforzadas para poder llegar a tiempo al otoño invierno 2023-2024", explicó Ribera.
Esto incluye, además del MidCat, la evaluación de "cualquier otra acción que pudiera plantearse al respecto", señaló la vicepresidenta española.
"Yo creo que es una buena cosa que esa capacidad de valoración técnica con respecto a dónde y cómo podemos llegar en octubre de 2023", añadió a continuación.
En opinión de Ribera, esta decisión "ayuda a entender mejor hasta dónde se puede agilizar la tramitación" y a entender si "puede ocurrir que haya parte de la tramitación se pueda agilizar en mayor medida" y otra parte pueda ser "más complicado, más costoso o requiera más tiempo" en función del Estado miembro.
De esta forma, Madrid y París han optado por que las conversaciones sobre el futuro del MidCat, cuya construcción defiende España con apoyo de Alemania pero rechaza Francia.
La Comisión Europea evitó este martes apoyar abiertamente la construcción del gasoducto MidCat y se limitó a apuntar que su futuro depende de las discusiones entre los países "involucrados".
El día anterior, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se opuso con rotundidad al proyecto argumentando que las otras dos tuberías que unen actualmente los dos países, por el País Vasco y Navarra, están "infrautilizados" porque desde febrero se están utilizando al 53 %.