Hoy es un día clave para saber hasta dónde está dispuesto a ceder el presidente Pedro Sánchez, y con él todo el grupo parlamentario socialista en el Congreso, ante los independentistas catalanes, que tras acabar con el delito de sedición pretenden ahora desvirtuar completamente el de malversación de caudales públicos. A pesar de que el presidente del Gobierno llegara a La Moncloa tras desalojar a Mariano Rajoy por una sentencia sobre el caso Gürtel, ahora se muestra dispuesto a abrir la mano con la corrupción, distinguiendo entre el enriquecimiento propio o de un tercero, algo que se dejó de hacer tras la reforma hecha por el PP en 2015.
Esta tarde se acaba el plazo para presentar enmiendas a la reforma exprés del delito de sedición en el Código Penal y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Esquerra intenta cambiar también el de malversación para beneficio propio. Aunque aún no se conoce la letra pequeña de la modificación pactada entre socialistas y ERC, parece que una docena de exdirigentes de esta formación independentista catalana, con causas abiertas o condenados, podrían librarse de sus penas por no haber lucro personal. Aquí está el meollo de la cuestión, si la malversación de caudales públicos solo puede ser considerada como tal cuando uno se beneficia personalmente o si se puede acusar a quien haya permitido, consentido o utilizado fondos para beneficiar a terceros. Es evidente que estos últimos también deberían tener un reproche penal si se quiere combatir la corrupción y promover una gestión limpia, transparente y eficaz del dinero de todos.
Sin entrar en disquisiciones jurídicas sobre lo que técnicamente se puede o se debe considerar malversación o sedición, es inaceptable que el Código Penal se vaya reformando a golpe de acuerdo con los independentistas para evitar que queden impunes todos aquellos que participaron o colaboraron con el frustrado intento de golpe de estado en Cataluña. No es razonable una negociación con quienes están implicados directamente en la reforma penal de ambos delitos, con quienes principalmente se beneficiarán de estas modificaciones y sobre todo no es presentable que reformas de tal calado se hagan con una sola formación a cambio de la aprobación de los Presupuestos del Estado. Esto no es política de Estado ni busca el interés general de los españoles.
Si el Gobierno considera que hay que modificar el Código Penal para 'retocar' algunos delitos habrá que entrar en un debate jurídico o político con todos los grupos parlamentarios y ver cómo se puede mejorar. Habría que buscar un consenso o acuerdo con amplia mayoría, aunque es evidente que no va a suceder, y decir basta a quienes solo buscan un interés personal. Y si no, recuerden lo que está pasando con la ley del sí solo es sí.