Desde el 25 de octubre, la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer tiene nueva jefa. Almudena Luis Lazcano llega al puesto como trabajadora social e incide en la necesidad de una atención integral a las víctimas, en la importancia de la sensibilización y en que las fuerzas políticas «vayan a una».

Llega a este puesto desde el Trabajo Social. ¿Cuál ha sido su trayectoria?

Estudié en su día Trabajo Social y luego hice el Grado. Empecé en servicios sociales en el ámbito privado, una empresa del sector servicios. Ahí estuve desarrollando el trabajo de puesta en marcha de servicios de todo tipo: para personas mayores, de ayuda a domicilio, centros de día, así como gestiones de casas de acogida. Tras 11 años en la empresa privada, cuando se aprobó en España la Ley de Dependencia, a finales de 2006, empecé a trabajar en la administración pública.

¿Qué labor ha desarrollado desde entonces?

Primero estuve en la Diputación, algo más de un año, en CEAS (Centros de Acción Social). Ahí trabajé tanto la atención directa a la ciudadanía como la gestión y facilitación de servicios y recursos. Luego aprobé la oposición como funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Palencia en 2008. He estado ocho años en CEAS haciendo la misma labor. Cuando la Junta puso en marcha el modelo de Violencia Cero, yo lo arranqué en el Ayuntamiento junto con el resto de compañeras.

¿Cuáles son sus funciones al frente de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer?

Primero, coordinación y colaboración día a día con todas las entidades y administraciones que trabajamos para la erradicación de la violencia y por la igualdad, como Junta y entidades locales. El trabajo más estrecho es con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que también se han especializado a través de UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional) y Emume (Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil) para proteger y ofrecer seguridad a las víctimas.

Mi labor fundamental es la de seguimiento pormenorizado de las víctimas, así como la sensibilización y concienciación a través de, por ejemplo, el Plan Director con los centros educativos en colaboración con la consejería de Educación. Se trata de charlas no solo de prevención de la violencia, sino también de bullying o drogas. Tratando de ver si las herramientas funcionan, cómo lo hacen, con qué recursos, qué se puede mejorar o por qué las mujeres no denuncian. Es decir, llegar a todas las demás, porque las que lo hacen son la punta del iceberg.

¿Qué retos inmediatos y a medio plazo asume?

Recientemente se puso en marcha un procedimiento operativo de colaboración con las policías locales. El objetivo es que también se integren en el seguimiento, protección y apoyo al resto de Fuerzas de Seguridad porque, además, son quienes más directamente lo pueden hacer. Hace poco se ha sumado Villamuriel de Cerrato, por ejemplo. Igualmente, es importante trabajar con la sociedad civil, es decir, con las asociaciones y entidades que, día a día, desarrollan su labor. Por ejemplo, el Estado, este 2021 ha dado 4,8 millones a Castilla y León. En Palencia, se han dado 297.000 euros directamente a entidades locales. Hay que tratar de ver qué buenas prácticas hacemos para que ese dinero se emplee en campañas de sensibilización, con páginas webs o ayudando a las mujeres en materia de inserción laboral en los pueblos.

De alguna manera, el reto es visibilizar que vivimos en una sociedad y cultura patriarcales en las que nuestros sistemas de relación están mediatizados por una diferenciación por sexo, es decir, los roles y papeles son desiguales. Esto hace que la mujer tenga un menor reconocimiento. Entre todos lo tenemos que ver, tomar conciencia y capacitarnos para llevar a cabo acciones por la igualdad y que prevengan la violencia.

¿De qué otras formas se colabora a nivel regional con la Junta?

Colaboramos en el día a día. Yo tengo acceso a VioGén, el sistema en que se ven todas las medidas judiciales y policiales que se aplican a las víctimas. Con la Junta hablamos de casos, de si han llegado a Servicios Sociales o qué se puede hacer con ellas. Siempre de una manera proactiva. Se valora el riesgo de cada mujer y se plantea qué hacer con ella. Yo hago la canalización para que, desde Servicios Sociales, se le ayude en lo que ella necesite, bien sea un centro de emergencia, una casa de acogida, una ayuda económica, un alquiler social, una renta activa de inserción...

Periódicamente también nos reunimos, hacemos seguimiento de casos o se habla con el servicio de protección a la infancia cuando hay riesgo de desamparo. Desde el Gobierno, está el teléfono 016. Hay un volumen de 79.000 llamadas el último año. Por ejemplo, cuando son menores, se les canaliza a Fundación ANAR, se les da orientación jurídica, un sostén psicológico o se les informa de ayudas y derechos. Además, el Gobierno va a impulsar Atenpro con 32 millones de euros para mejorar su dispositivo telemático. Es una teleasistencia móvil por la que la mujer, una vez lo pulsa, está directamente conectada con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

¿Cómo se puede abordar la violencia de género en el ámbito rural?

Pueden existir dificultades a mayores. Es un problema que muchas veces las mujeres lo silencian, bien por vergüenza o porque piensan que no las van a creer. Tenemos reuniones del plan rural con todos los puestos de la provincia. Me quedo muy tranquila por la profundidad con la que conocen los casos, dónde está el agresor y qué necesita la víctima. Hacen una valoración de riesgo y seguimiento. Todos los pueblos también tienen un CEAS de referencia donde las mujeres saben que no se las va a juzgar. Ahí se las apoya como necesiten para poder seguir adelante. La media es de 10 años hasta que la mujer da el paso de denunciar. El día en que lo hace no es fácil, porque muchas veces se encuentra con una revictimización. Es difícil, tanto en la sociedad como en los medios de comunicación.

¿Qué podemos hacer los medios? 

Es muy importante cómo se trata y se cuenta la noticia. Los medios tenéis un papel muy importante al llamar a las cosas por su nombre. A veces leo unos eufemismos... E incluso un crimen se trata a veces como algo romántico o pasional. El amarillismo y dar demasiados datos tampoco ayuda, eso revictimiza.

En lo que va de año, 137 denuncias y 54 órdenes de protección. ¿Cómo valora estas cifras y la situación general de la provincia?

Si lo comparamos con Castilla y León, no somos de las provincias en las que los datos son más altos. La población es la que es. Lo que me preocupa es que el 66,9% de las mujeres no pide ayuda y no denuncia. Evidentemente hay que proteger a las que denuncian y poner a su disposición todos los servicios, recursos y apoyos que el aparato administrativo y la sociedad civil puedan poner en marcha. Pero esa cifra negra me preocupa. Es porque no las creen, por miedo, porque a veces no toman conciencia de la situación y justifican y protegen al agresor. Hay que trabajar mucho tiempo con ellas a nivel psicológico para que tomen la decisión de que se merecen una vida mejor porque una relación desigual y tóxica puede llegar a ser muy peligrosa, tanto para ellas como para sus hijos. 

¿Qué franjas de edad son las más afectadas?

Entre 35 y 49 años. Me refiero a las que denuncian. Porque afectadas estamos todas. Esto es un problema estructural y universal basado en una sociedad patriarcal. Hablamos de discriminación y derechos humanos. Evidentemente, hay distintas intensidades.

Además de la mujer, los hijos también son víctimas. ¿Cómo se actúa con ellos?

Hay que valorar la situación en la que se encuentran. También me preocupa porque son víctimas directas y colaterales que presencian un modelo familiar muy problemático. Eso puede tener consecuencias a medio y largo plazo. Cuando hay una orden de protección, se ponen en marcha una serie de medidas civiles en las que se decide la custodia cautelarmente. También hay medidas penales, de alejamiento, protección o lo que proceda. Lo primero es atender lo que diga el juez cuando hay una denuncia. Si se ve que son casos de riesgo, está el servicio de protección a la infancia de la Junta si esta tiene que intervenir, tutelar o lo que proceda.

Otro recurso muy bueno y oportuno son los puntos de encuentro familiar. Ahí hay profesionales que supervisan las visitas de los padres o los intercambios para proteger a la mujer. Psicólogos, educadores y trabajadores sociales pueden ver muchas cosas e informar para que se tomen medidas.

La sensibilización y prevención no solo es importante en los colegios 

Se viene haciendo desde 2018 con los fondos finalistas del Pacto de Estado. Se cambió la Ley de Bases del Régimen Local para que entidades locales y ayuntamientos tuvieran competencia en la prevención y erradicación de la violencia. Bien entre asociaciones, grupos o los propios consistorios, se hacen acciones cada día para sensibilizar y concienciar. Lo interesante es que se hagan programas más continuados en el tiempo, no solamente en el mes de noviembre. Es decir, que sean de calado para que transformen la sociedad y hagan ver la desigualdad que hay.

La vigencia del Pacto de Estado termina en 2022. ¿Qué le hace falta a esta política pública?

Es una cuestión de Estado. Estamos hablando de derechos humanos, de discriminación por el hecho de ser mujer. Lo suyo es que esto se continúe esté el color que esté en el Gobierno, que todos tomen conciencia y se blinde como sea. Estos fondos deben seguir existiendo para ayudar a las mujeres y a las víctimas de todo tipo de violencias, porque la machista no solo se produce en el ámbito de la pareja y la expareja. Hablamos de acoso y abuso sexual o trata de seres humanos. Se necesita dinero para trabajar todo esto. Ojalá siga y no con políticas negacionistas, de no querer ver lo que existe y lo que estamos sufriendo. Desde 2003, que se registran datos, en España han sido asesinadas 1.118 mujeres. Hablamos de un feminicidio. Es la mayor causa de muerte de mujeres entre 16 y 44 años.

¿Cómo se combate a los negacionistas de la violencia de género?

Cuando uno no quiere ver, es muy difícil. Si yo te digo que esto es blanco, pero insistes en que no es así, no sé qué se puede hacer. Entiendo que cuando la sociedad civil toma conciencia, se rebela, sale a la calle, es un síntoma. Las nuevas generaciones dicen no, ya no. Tenemos que hablar en condiciones de igualdad. Lo que no puede ser es que una de cada dos mujeres mayores de 16 años haya sufrido algún tipo de violencia. Las fuerzas políticas deben ir todas a una a la hora de creer y apostar por ello. 

La violencia de género entre los jóvenes también existe

Es verdad que a muchas chicas jóvenes se las ve salir a la calle en manifestaciones por problemas como el de La Manada, es decir, ante ciertos hitos concretos o bofetadas judiciales. Se rebelan y eso es lo bueno, que las siguientes generaciones lo entienden. Por otro lado, es la punta del iceberg. Identificar celos con amor, control a través del WhatsApp o problemas en redes sociales es alarmante y preocupante. Igual que los cánones de belleza a los que se somete a las jóvenes o los mitos del amor romántico que tanto daño hacen. Al final es una trampa para las mujeres y perpetúa la diferencia de que la mujer está en la posición de aguantar y soportar. Tienen que identificar los signos de violencia. Es muy sutil. Empieza por ridiculizar pero la pirámide de la violencia no se queda ahí. Le da sus contraseñas, deja de salir con sus amigas... Va cediendo espacios y decisiones suyas en pro de él. Eso las anula y va in crescendo.

¿Cómo se pueden combatir estos nuevos modelos de violencia y qué pueden hacer los padres?

Es un tema de socialización. Empieza en la familia. Desde ahí, es cuestión de que los dos progenitores lo vean, eduquen en igualdad y con los modelos que tienen en casa. No sirve de nada decir que papá y mamá son iguales y que se vean diferencias de roles. No solo en tareas domésticas, que también, sino en toma de decisiones, por ejemplo. La escuela es otro agente socializador muy importante. Su grupo de iguales también. Es importante educar en valores, identificar los primeros signos de violencia y actuar con los chicos. Hay que trabajar con ellos.

¿Qué otros tipos de violencia le preocupan?

La violencia sexual. Los estudios dicen que, cada vez a edades más tempranas, los chicos empiezan a ver pornografía. Eso no es educación sexual ni una manera sana de relacionarse. Pueden pensar que lo que ven ahí es la realidad y el modo de comportarse. Eso me preocupa especialmente. También la trata de seres humanos, que es la forma de esclavitud del siglo XXI más tremenda que hay. No me olvido de las inmigrantes, especialmente vulnerables que muchas veces no tienen un soporte social o familiar; ni de las mujeres con discapacidad y ver cómo se expresan o lo manifiestan. Ahí hay mucho de qué hablar.

¿Cómo ha afectado y sigue impactando la pandemia en la violencia de género?

En los últimos consejos municipal y provincial lo hemos puesto encima de la mesa. Afecta en un muy desigual reparto de tareas domésticas o cuidado y crianza de los hijos. La mujer sí ha conquistado el espacio público pero en trabajos peor remunerados y reconocidos. En el espacio privado tiene que seguir asumiendo las tareas que tradicionalmente se entendían del sexo femenino y eso no puede ser. Le ha supuesto un reto todavía mayor. Y no digamos los casos en los que ha tenido que convivir con el agresor. Esas secuelas psicológicas para ella y sus hijos se ven e irán saliendo.

¿Cómo de importante es la colaboración de los vecinos a la hora de reportar sucesos a la policía?

Lo es. No es un problema privado como se decía antes. No solo la sociedad civil organizada en asociaciones, entidades y ONG, sino el vecino o quien pasa por la calle y ve que un chico empuja a una chica puede ayudar. Muchos piensan en que se pueden meter en problemas o en las consecuencias que pueden tener, pero ¿y las consecuencias para esa mujer? No tiene nada que ver.

¿Qué recursos económicos para las víctimas existen en Castilla y León?

La renta activa de inserción se pone en marcha a través de los servicios públicos de empleo. En 2020, en Palencia había 77 preceptoras. La Ley 1/2004 reconoce ayudas sociales en el caso, por ejemplo, de tener dificultades para encontrar trabajo. También está el Ingreso Mínimo Vital como ayuda económica. Tienen acceso prioritario para alquileres sociales y las empresas tienen eximentes fiscales y ayudas de cotización a la Seguridad Social si contratan a una mujer víctima de violencia de género. El último paso para que la mujer rehaga su vida y sea autónoma es el empleo. 

¿Qué mejoras pueden acometer las administraciones?

Seguir apostando políticamente con personal y recursos de todo tipo: económico, psicológico, de asesoramiento y orientación jurídica, de inserción laboral... Todo esto es un plan de intervención integral que se tiene que poner a disposición de la víctima. Todas las administraciones, entidades y la sociedad en general tenemos que estar al nivel para que puedan salir adelante. Ahora trabajamos de forma muy coordinada. Llevo muchos años en estos temas y ahora es el momento en que más se trabaja entre fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, juzgado, fiscalía, oficina de atención a delitos... 

Las asociaciones también trabajan mucho y en muchísimos pueblos, haciendo una labor estupenda para concienciar y crear opinión pública. Tenemos que ir todas a una. Sobre todo, hay que creerlas, no poner en duda su testimonio y apoyarnos entre todos y todas porque esto es algo de la sociedad en general. 

¿Qué le gustaría celebrar como un paso adelante el próximo 25N?

Esa fecha sirve para que todos reflexionemos sobre lo que todavía está pasando. ¿Celebrar? Que las mujeres se atrevan a llamar a la puerta y pedir ayuda, por ejemplo. Que tomen conciencia del riesgo porque muchas, cuando empiezas a trabajar con ellas, no saben que están sufriendo violencia de género. Desde todas las administraciones, central, autonómica y local, estamos para ayudarlas, por ellas y para ellas. Las vamos a creer.