La condición que la Unión Europea y el Gobierno de España pusieron a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, también al de la capital, para acceder al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno a través de los Fondos Next Generation, fue poner en marcha antes del 31 de diciembre de 2022 una zona de bajas emisiones (ZBE). 

Ese plazo no se va a cumplir y no por deseo del Ayuntamiento de la capital, sino porque el Gobierno está pendiente de aprobar un Real Decreto que desarrolle la ley, y a la vez que trabaja en este aspecto normativo, se está elaborando una ordenanza tipo (para todos los consistorios) que obligará a tener como base unas condiciones mínimas a la hora de elaborar sus ordenanzas para desarrollar y dar seguridad legal a la implantación de estas zonas.  

Así lo explica la concejala de Tráfico, Carolina Gómez, quien, asegura que «desde un primer momento no estuvo claro que se pueda restringir de forma indiscriminada la circulación de vehículos sin una normativa estatal que sirva de base, ni una ordenanza tipo que las regulara». 

«Pese a los ruegos de la oposición, y más en concreto del PSOE, en varios plenos solicitando que se apruebe una ordenanza que regulara el acceso en la capital para las zonas donde se instalaron cámaras, hemos optado por la prudencia», explica la concejala.

De hecho, la edil de Tráfico participó recientemente en unas jornadas sobre las zonas de bajas emisiones, donde compartió con otros consistorios la opinión de que es mejor esperar a que el desarrollo normativo esté terminado para ponerlo en marcha en los municipios. «Hay sentencias judiciales a ayuntamientos por precipitarse y el trastorno ocasionado a la ciudadanía, con sanciones incluidas, es irrecuperable, como ha ocurrido en Barcelona», recuerda Carolina Gómez. 

Para la edil, «sería una irresponsabilidad seguir los pasos de quienes quieren ser pioneros en un tema tan sensible, teniendo en cuenta la repercusión que va a tener para la gran mayoría de los vehículos y profesionales de la ciudad que de una u otra forma deben trabajar en estas zonas, ya que Palencia no comparte el nivel de contaminación que tienen otros municipios», añade. 

No obstante, el establecimiento de las zonas de bajas emisiones es una obligación legal y, por lo tanto, el Ayuntamiento, más pronto o más tarde, está obligado a definirla y regularla por medio de ordenanza municipal que, por mucha prisa que se dé, no estará lista hasta bien entrado el 2023.

Conviene recordar que una zona de bajas emisiones se define como un área en la que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones. Es decir, son medidas pensadas para mejorar la calidad del aire que se circunscriben a un área amplia dentro de la ciudad, o incluso a la capitalentera, y permiten la entrada a los vehículos que cumplen con los mejores estándares de emisiones. El cómo, lo fijará la ordenanza y, para conocerla, aún tocará esperar varios meses.