La Junta de Castilla y León actualizó ayer los datos de contagios en la provincia con cuatro nuevos casos positivos de Covid-19, lo que eleva la cifra total a 1.421, de los que 1.145 han sido confirmados por una prueba PCR.

De esos cuatro casos, uno fue detectado en las últimas 24 horas, un indicador que sirve para medir la transmisión del virus y que, por lo tanto, debe servir de alerta para extremar las precauciones con el objetivo de evitar un posible brote.

El número de fallecidos sigue en 88, y el de altas hospitalarias sigue creciendo, con dos más, de forma que ya solo queda un ingresado en planta en el Complejo Hospitalario de Palencia.

reproche a la junta. Por otra parte, los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera, denunciaron ayer que, a poco más de un mes del inicio del curso escolar 2020-2021, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León «tan solo ha elaborado una normativa generalista en la que no recoge normas claras y concretas sobre cómo ha de actuar el personal docente y no docente de los centros educativos».

Los socialistas recriminaron que hayan sido los propios equipos directivos los que «han tenido que crear los equipos de coordinación Covid y cumplimentar un protocolo estándar con las medidas que ellos creen que deben llevar a cabo en su centro». Una acción que se traduce como «una clara muestra de la nefasta gestión de la Consejería de Educación».

Desde la Junta se ha trasladado la responsabilidad a los docentes de mantener la seguridad y salud de la comunidad educativa, por lo que «se han lavado las manos en este asunto». Todo ello para que «los docentes, sin formación sanitaria y sin conocimientos sobre salud pública, tomen decisiones sobre la organización de los centros escolares para evitar contagios, algo que no es de su competencia», apuntaron.

A día de hoy, Educación «no ha establecido el protocolo a seguir en caso de que se detecte un brote en un centro educativo y no ha establecido los criterios para organizar los denominados grupos burbuja que permitirán que los alumnos estén separados», aseguró el procurador socialista, Jesús Guerrero.

Este recordó que tampoco se ha indicado cómo gestionar que los docentes entren en las distintas aulas a impartir sus clases. La situación «es inadmisible y una muestra más de la nula capacidad de gestión de la consejera».