Los alimentos transgénicos llevan varios años presentes en los supermercados, en muchas ocasiones sin una correcta identificación. Todos consumimos este tipo de alimentos, muchas veces sin saberlo, pero ¿qué conocemos realmente sobre ellos? España es el principal productor europeo de organismos genéticamente modificados, aunque la mayor parte de éstos se exportan lejos de nuestras fronteras. Castilla y León ha aumentado la superficie de maíz Mon810 cultivada, que es el único transgénico permitido en Europa, de 18 hectáreas en 2014 a 286 en 2019, según los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La restrictiva legislación europea y la desinformación existente en torno a estos productos impide su consolidación como una alternativa alimentaria de futuro. En el continente europeo tan solo cuatro países producen transgénicos, en muchos está prohibido y en otros su cultivo se encuentra muy limitado.

Más allá de las cuestiones en torno a la legislación, los alimentos transgénicos se sitúan como una gran oportunidad ante el crecimiento exponencial de la población y el aumento de la temperatura del planeta, provocado por el cambio climático. Esta inminente situación genera cada vez más dificultades para el cultivo de los alimentos que se consumen en el día a día y abre la puerta a organismos que reducen el tiempo de cultivo o su consumo de agua, aportando mejores valores nutricionales y una mejor resistencia ante posibles plagas o sequías.

Esta oportunidad de futuro es valorada en el sector de la agricultura de la comunidad, que ha fomentado su desarrollo y presionado a las instituciones para concienciar a la población sobre los beneficios de su consumo. El conocimiento dentro del sector de los cultivos genéticamente modificados ha provocado su evidente desarrollo en la última década. En Castilla y León se ha multiplicado por dieciséis la producción de Maíz Mon810 desde 2014. Este es el único transgénico permitido en la Unión Europea y su principal beneficio es que resiste a la plaga del taladro, que daña las mazorcas y tallos del alimento.

Estas cifras tienen un reflejo desigual en función de cada comunidad autónoma. Castilla y León posee una tradición agrícola consolidada aunque las hectáreas dedicadas a estos organismos no es tan significativa. En otras zonas del país como Aragón o Cataluña, por su cercanía a la cuenca del Ebro, existe mayor riesgo de plaga de taladros y por este motivo es mayor la superficie de maíz transgénico cultivada. Uno de los grandes defensores del cultivo de transgénicos es el palentino Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León. No solo destaca la importancia de los transgénicos para el futuro, sino las posibilidades que estos productos hubieran aportado en el momento actual, en plena pandemia mundial, con el consumo de productos agrícolas en Castilla y León disparados y una delicada situación económica en la región. «Los alimentos serían más resistentes, aumentarían la producción y se reducirían los costes para generar mayor riqueza, mano de obra y Producto Interior Bruto, lo cual sería muy conveniente en la fase que estamos viviendo», apunta.

TECNOLOGÍA TRANSGÉNICA. Todas las mejoras derivadas de su modificación genética se encuentran con la reticencia de sus opositores, principalmente organizaciones de carácter ecologista, que se niegan a consumir organismos no totalmente naturales y de los que se desconoce las consecuencias de su consumo a largo plazo.

José Manuel Mulet es una de las mayores referencias en la defensa de la siembra de transgénicos. En la última década ha desarrollado una intensa campaña de propaganda y promoción en las redes sociales. Licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia publicó en 2017 Transgénicos sin miedo: Todo lo que necesitas saber sobre ellos de la mano de la ciencia. Un libro en el que hace hincapié en su defensa a ultranza de estos alimentos modificados y el choque con la pasividad de la sociedad. «En Europa el debate social está bastante muerto, nadie está preocupado. El problema es que tenemos un marco legislativo europeo muy restrictivo y eso es muy difícil de cambiar», explica el autor.

Para facilitar la comprensión de la población acerca de los organismos genéticamente modificados el investigador hace un buen resumen: «Un organismo genéticamente modificado es un animal, planta o bacteria que lleva un trozo de ADN de otro organismo y cuya modificación se ha llevado a cabo utilizando técnicas de ingeniería genética». Desde 1997, la superficie total de tierra utilizada para el cultivo de alimentos genéticamente modificados ha aumentado en un 80% impulsada por China, Estados Unidos o Canadá, principales productores mundiales. Países que Mulet utiliza como ejemplo, los que apoya y que quiere establecer como referencia para nuestro país.

Para el dirigente de Asaja Castilla y León el problema es la inacción de los organismos de los que depende la concesión de los permisos para su cultivo generalizado. «Siempre solicitamos a los distintos gobiernos el permiso para legalizar los cultivos, pero no reaccionan ni aceptan la propuesta, a pesar de presentar estudios científicos que lo avalan», lamenta el representante de los agricultores regionales en una de las comunidades con menos hectáreas dedicadas al cultivo de transgénicos, tan solo 286 en el año 2019.

Mulet hace hincapié en la independencia derivada de cultivar libremente estos productos en el territorio nacional. «En nuestro país solo se cultiva maíz transgénico resistente a la plaga del taladro, el Mon810, para lograr un mayor rendimiento de las cosechas, pero se importan 102 variedades de transgénicos que en la actualidad se siembran en el resto de los países del mundo y que podrían producirse aquí si las leyes europeas lo permitiesen», critica el investigador.

Una situación con la que el presidente de Asaja está totalmente de acuerdo. «La remolacha, el maíz, las patatas, los cereales, las leguminosas y las proteaginosas son los cultivos transgénicos idóneos para implantarse en la comunidad». Frente a esta situación idónea tan solo se permite cultivar maíz transgénico. «La cuestión es puramente burocrática, no existen motivos científicos para que no se permita la siembra de otro tipo de cultivos en el territorio europeo».

UNIÓN EUROPEA. La limitación surge en la Unión Europea. La entidad creó una serie de Directivas para regularizar el uso de los transgénicos, unas normas en las que se indicaba que los Estados miembros podrían adoptar las medidas adecuadas para impedir la presencia accidental de OMG en otros productos, lo que en resumidas cuentas se traduce en traspasar el poder en este ámbito a todos los países que forman la Unión Europea.

En este embarullado asunto cabe destacar que también existen intereses económicos contrarios al desarrollo de los cultivos transgénicos, concretamente los de las multinacionales que producen semillas, herbicidas, fungicidas e insecticidas con los que obtienen beneficio económico. En caso de que se legalizaran los cultivos de OGM este mercado se vería afectado y sufriría grandes pérdidas de ventas de su producto. «Los OGM son mucho más respetuosos con el medio ambiente, menos contaminantes y mucho más productivos que los insecticidas», recuerda Dujo. El presidente de ASAJA insiste en que los intereses de las multinacionales y las presiones que estas ejercen tienen mucha fuerza en el terreno europeo.

En 2015 la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo modificó las normas establecidas y otorgó a los Estados la posibilidad de decidir sobre la comercialización de los alimentos con la condición de que, si se cultivan, «adoptarán medidas adecuadas en las zonas fronterizas de su territorio con el fin de evitar una posible contaminación transfronteriza a los Estados». De esta forma varios países de la Unión Europea prohibieron oficialmente el cultivo de transgénicos en sus territorios, o bien en su totalidad como Noruega, Grecia o Polonia, o de forma parcial, como Irlanda, Suecia o Hungría.

LUCHA ECOLOGISTA.  Esta legislación obligó a que todos los alimentos genéticamente modificados fueran etiquetados como tal si en su composición poseían más de 0,9% de una materia prima que provenga de un animal o planta que sea transgénica, de acuerdo con lo marcado por la Organización Mundial de la Salud.

Frente a los argumentos a favor del desarrollo de estos cultivos se encuentran numerosas organizaciones ecologistas, entre las que destaca Greeenpeace, un movimiento global con más de tres millones de simpatizantes y una fuerte presencia en los principales países europeos. Rechaza frontalmente los organismos genéticamente modificados por fomentar el desarrollo de catástrofes naturales, modificar los hábitats y las rutinas alimenticias de los animales y por las consecuencias nocivas de su consumo para la salud humana. Alegan, además, la posibilidad de causar daños irreversibles en la biodiversidad y ecosistemas, así como el desconocimiento que existe sobre este tipo de alimentos.

En el año 2011 en esta misma línea opositora surgió el Movimiento Europeo para la Liberación de los Campos (EFLM, por sus siglas en inglés), una manifestación pacifista de desobediencia civil contra los transgénicos que reclamaba una urgente prohibición del cultivo, importación y experimentación a cielo abierto de organismos modificados genéticamente. Su vertiente española criticó la inacción del gobierno y la ausencia de medidas para informar a la población.

«Un transgénico pasa muchos más controles de calidad que un producto no modificado genéticamente. Es imposible que pueda ser perjudicial para la salud», explica rotundamente Mulet, que va más allá y desmiente el principal argumento de los ecologistas: la protección de la salud humana. «Los argumentos ecologistas, sin una base científica palpable, no son creíbles». «Aseguraban que los transgénicos producían problemas que en ningún momento se han corroborado», asevera el doctor.

El presidente de Asaja Castilla y León reafirma estas declaraciones y desgrana las posibilidades que la permisividad de su cultivo aportaría al sector primario de la comunidad, fuertemente ligada a la agricultura. «Castilla y León es el granero de España. La comunidad produce el 60% del cereal que se consume a nivel nacional, casi seis millones de toneladas y más de un millón de maíz». El objetivo de Asaja es implantar la ley que permite cultivar alimentos OMG para «garantizar estas cifras anualmente y, si pudiera ser, superarlas». Castilla y León aporta al Producto Interior Bruto entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año y «un cambio en la legislatura beneficiaría al sector agrícola y ganadero», recuerda el palentino Donaciano Dujo.

Una posibilidad de futuro con tantos seguidores como detractores donde la salud de la población es el comodín que ambos bandos emplean, unos por las posibles repercusiones negativas y otros como un modo de seguir avanzando en la evolución humana, con el control de la naturaleza en el punto de mira. Sin duda, en cualquier caso, una oportunidad de negocio para los agricultores nacionales que, ante la inacción política y el desconocimiento ciudadano, aún continúa en una delicada e incierta situación.