El Ministerio Fiscal ha solicitado provisionalmente para un vecino de Aguilar de Campoo, R.G.C., una pena de cuatro años de prisión como presunto autor de un delito de corrupción de menores después de que la Policía Nacional le encontrara en su ordenador y teléfono móvil decenas de imágenes y varios vídeos de sexo explítico con menores.

Según el escrito de acusación provisional suscrito por el fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, el acusado fue investigado por la UFAM de la Policía Nacional, dentro de la operación Antifaz, después de que a través de las redes sociales se detectara la presencia de material pedófilo. Los hechos ocurrieron entre abril de 2019 y enero de 2020. Posteriormente, los agentes, tras realizar un registro en su vivienda, supuestamente localizaron varios perfiles de contactos de menores con imágenes de carácter sexual tanto en su teléfono móvil como en el disco duro del ordenador.

Asimismo, la Policía Nacional localizó 228 fotos de las mismas características, así como tres vídeos.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado, además de la pena de cárcel, cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena que la autoridad judicial le pudiera imponer. 

REINCIDENTE. Y es que el acusado es reincidente en este tipo de delitos. En este sentido, la Policía Nacional no ha querido desvelar si se trata o no de la misma persona que el pasado año aceptó ante el Juzgado de lo Penal un año de prisión como responsable de un delito de corrupción de menores por tenencia y distribución de pornografía infantil.

Según fuentes del Ministerio Fiscal, los hechos por los que debió responder precisamente un vecino de Aguilar ante la Justicia, cuya identidad no fue desvelada, partían del 20 de febrero de 2019 cuando la Policía Nacional, durante un registro realizado en su domicilio, localizó 321 archivos de contenido pedófilo con menores de edad, aunque en este caso no se pudo comprobar que hubieran sido compartidos con terceros. 

La bautizada operación Sandrina se inició en 2018 gracias al continuo trabajo de rastreo en Internet por parte de ciberagentes y a un aviso del organismo de Estados Unidos encargado de recibir y canalizar perfiles que comparten pornografía infantil. Este organismo alertó de la existencia de una serie de direcciones IP, cuyas conexiones se ubicaban en varias provincias de España, que estaban compartiendo con otros usuarios imágenes de pornografía infantil a través de programas de intercambio de archivos P2P. 

Tras el aviso, los agentes pudieron averiguar que las conexiones a Internet se realizaban desde varios domicilios e identificaron a los detenidos en aquella ocasión, uno de los cuales era un vecino de Aguilar.