La Subdelegación del Gobierno ya tiene los primeros datos respecto a las sanciones impuestas durante el estado de alarma. La leyenda urbana viene afirmando en las últimas semanas que las propuestas de sanción incoadas no tenían validez jurídica, algo que no tiene fundamento, según informó a este periódico el subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel Gutiérrez.
De hecho, según los datos proporcionados por el máximo organismo del Estado en la provincia de Palencia durante el estado de alarma se incoaron 3.532 propuestas de sanción, de las que 2.331 son atribuidas a la Guardia Civil y Policía Nacional y el resto a los distintos cuerpos de Policía Local que operan la provincia. Tampoco conviene olvidar que en este periodo se habían producido diez detenciones (ocho por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dos por la Policía Local).
De estas 3.532 propuestas de sanción, 2.050 ya se han transformado en expedientes y además se han comunicado a los infractores. De hecho, a fecha de 15 de junio un total de 310 sanciones habían sido ya pagadas.
El Ministerio del Interior dirigió a mediados de abril una comunicación a las Delegaciones del Gobierno para orientar y graduar la incoación de sanciones por incumplir el confinamiento generalizado por el estado de alarma frente al coronavirus, con multas que oscilan entre los 601 y los 10.400 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta guía, sin embargo, ha funcionado de modo orientativo para las autoridades de las diferentes delegaciones y en las actas policiales no suele aparecer fijada una cantidad, ya que eso lo determina el proceso administrativo posterior.
Desde aquel día, Interior remitió un cuadro con los «criterios de graduación» para estas multas. En él se fijaron propuestas de sanción que iban desde los 601 euros de multa por el «desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes». Una cantidad que podía verse incrementada hasta los 2.000 euros si el infractor mostraba una «actitud inapropiada» frente al agente y a los 3.000 euros si había «intimidación, cuando no constituya infracción penal». Si el comportamiento de la persona sancionada se viera agravado por cualquier muestra de «violencia o amenaza», la cifra podía ascender hasta los 10.400 euros.
La misma sanción que se podría imponer a todos aquellos que hubieran incumplido lo decretado en el estado de alarma con la «organización o participación en actividades en común, festejos o celebraciones», siempre que hubiera un «nivel de riesgo elevado en virtud del número de personas, circunstancias y proximidad».
Además, en el caso de reincidencia en la infracción a la normativa que restringía la libre circulación, las multas podrían alcanzar los 1.200 euros, pero si es en actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales el cuadro enviado por Interior a las Delegaciones del Gobierno proponía elevar la multa a 2.000 euros.
Por lo demás, Castilla y León ha sumado (dato hasta el 10 de junio) 197 detenciones y 36.074 propuestas de sanción durante el estado de alarma por el coronavirus al incumplir el confinamiento y las medidas sanitarias.
Según los datos nacionales hasta el 10 de junio, en el conjunto del país se han tramitado 612.207 denuncias, de las que el 53,5% las ha promovido la Guardia Civil y el resto, la Policía Nacional. También se han realizado 5.200 detenciones (75,7%, Policía Nacional) en una estadística que no incluye datos ni de Mossos d'Esquadra, ni de Ertzaintza o Policía Foral de Navarra.
Andalucía es la que registra cifras más altas, 159.618 denuncias policiales y 1.094 detenidos en total hasta el 10 de junio. Cuatro provincias superan las 23.000 propuestas de sanción (Cádiz, Málaga, Sevilla y Almería), cifra muy por encima del resto de provincias españolas y que sólo superan otras tres: Valencia, Alicante y Las Palmas.