La deuda pública, esto es, lo que las instituciones de cualquier nivel deben a terceros como consecuencia de los recursos que han obtenido de ellos para financiar sus inversiones cuando no llega el propio presupuesto, es siempre un motivo de discusión y, con frecuencia, de preocupación, cuando el nivel de endeudamiento es muy elevado. Siempre está ahí el debate: si se debe gastar más de lo que se tiene, o de lo que se espera tener en virtud de los ingresos previstos; si endeudarse es razonable, siempre que se haga dentro de ciertos límites y siempre que la amortización de la deuda no suponga una especie de «cautividad presupuestaria» para el futuro; si hay motivos, y momentos, en que endeudarse sea casi una obligación del buen gobernante. Todo eso es motivo de discusión cuando se habla de la deuda pública.
Y es lógico que así sea. Endeudarse es trasladar hacia adelante, tal vez a una nueva generación, la carga financiera derivada de la deuda asumida y desplazada. Porque resulta que los acreedores que prestaron quieren cobrar lo prestado cuando venza; y mientras tanto quieren percibir intereses para rentabilizar su servicio financiero y si, en medio, los tipos de interés suben, y los préstamos estaban concertados a interés variable y se tienen que ajustar al alza, puede ocurrir que la carga financiera (eso que se llama tan delicadamente el «servicio de la deuda») se dispare y se convierta en la primera partida en cuantía de los presupuestos de la correspondiente institución.
Pues viene todo ello a cuento de que, en el escenario de las cifras del presupuesto autonómico para 2023, haya una partida de algo más de 252 millones de euros para satisfacer el «servicio» de una deuda que alcanza algo más de 13.000 millones. Y menos mal que la mayor parte de esa deuda (el 83%) está concertada, o renegociada, con tipo de interés ya fijo, lo que pone a salvo de las variaciones al alza que se están produciendo en el precio del dinero. Fíjense que sólo ese 17% que está a tipo variable requiere cerca de 32 millones para cubrir las subidas, e imaginen lo que supondría que la mayor parte de la deuda estuviera en esa situación. Ciertamente, estamos algo mejor que la media en endeudamiento sobre el PIB (el 20,9 frente al 24,9% de la medida autonómica), pero no hay que bajar la guardia. Nuestros hijos y nietos lo agradecerán.