Hace más de 30 años de la última intervención de la Confederación Hidrográfica del Duero en la ribera del río, de ahí que antes de acometer Palencia Río, el Ayuntamiento se planteara la necesidad de actuar en el cauce con objeto de «restaurar la profundidad del mismo y en consecuencia su capacidad de desagüe, mediante la retirada de los depósitos de sedimentos, que invadidos de vegetación macrófita, obstruyen el flujo natural del agua». «De esta forma, además de mitigar el efecto de las crecidas ordinarias, se equilibra la velocidad del flujo de agua limitando el efecto de la erosión y sedimentación y las alteraciones del cauce», argumenta el concejal de Urbanismo.
Estos objetivos se plasmaron en el proyecto Regeneración de la vegetación ribereña en el río Carrión, promovido por la Diputación, dentro del plan provincial de conservación y recuperación de cauces urbanos 2021-2023, el cual se contrató con Tragsa, una firma especializada en este tipo de actuaciones. «A pesar de que en el proyecto, desarrollado por especialistas técnicos, se recomienda una actuación de más envergadura, la normativa del Plan General de Ordenación Urbana impide la tala de árboles sin considerar intereses sociales, funcionales, de seguridad o medioambientales, como es el caso que nos ocupa, de especies no autóctonas invasoras», informa Luis Fernández.
Esos artículos 135 y 184 del PGOU acarrearon la suspensión cautelar por el juzgado en lo referente a la tala de árboles en el proyecto de reforma del parque de los Jardinillos, de ahí que el Ayuntamiento optase por «una actuación con una intensidad mínima e imprescindible, basada en criterios de seguridad, obviando la necesidad de regenerar la vegetación autóctona del lugar».
Con este criterio, el proyecto -«redactado por especialistas en la materia», recalca el Ayuntamiento- analizó toda la masa arbórea del tramo de ribera y de los 410 árboles evaluados propuso talar 64 por secos o con riesgo de caída.
Sin embargo, este mismo mes la Plataforma en Defensa del Arbolado demandó al Ayuntamiento y solicitó medidas cautelares para paralizar el proyecto, el cual Tragsa ha comenzado a ejecutar esta misma semana.
Para la Plataforma, esta actuación supone «la eliminación de la vegetación de este ecosistema de ribera con el objetivo ulterior de colocar una escollera de hormigón y un paseo al borde del río sobre el ya existente», y solo ve justificada la tala de tres árboles y la poda de ramas secas de otros 26.
Sin embargo, para el Ayuntamiento, el hecho de que en los cuatro meses transcurridos desde la redacción del proyecto se hayan producido «seis incidentes de árboles caídos, cuatro de ellos propuestos para su apeo y dos que aparentemente eran sanos», es prueba de «la acertada justificación técnica de la tala selectiva de árboles propuesta en el proyecto». Además, Fernández señala que hay más de 60 actuaciones registradas entre 2016 y 2022 de bomberos por ramas o árboles caídos en la ribera del Carrión.
«En su redacción han prevalecido los criterios de seguridad para los ciudadanos y sus bienes, como corrobora el hecho de que en tan solo cuatro meses se están cumpliendo los pronósticos del proyecto sobre el potencial riesgo del arbolado seleccionado para su apeo. No es comprensible la reacción de ciertos grupos políticos integrados en las asociaciones como esa Plataforma de Defensa del Arbolado, Ecologistas en Acción, etc. forzando mediante manifestaciones, colectas o demandas el impedir o retrasar este tipo de actuaciones», sostiene Luis Fernández.
Para el edil de Urbanismo, la caída de árboles sobre el cauce del río «pueden producir problemas por una posible retención de los troncos en los ojos del puente Mayor ante una crecida del río». «Vale más la vida de una persona que todos los árboles del río», sentencia el concejal.