El incremento de los precios de la energía y las últimas variaciones normativas han provocado que, en los últimos dos meses, el sector de la electricidad y el gas sobrepase en quejas y reclamaciones al mundo de la telefonía y las telecomunicaciones, el tema «estrella» por el que los palentinos se han pasado en más ocasiones por la oficina de la Unión de Consumidores de Palencia (UCE Palencia).
«Después del verano, cuando la gente vuelve a activarse, se ha notado un repunte tanto en los asuntos de la luz como en el gas porque la situación actual de los consumidores no es fácil», asegura la técnico de Consumo de la organización, Laura Molinero, que cifra en 48 el número de reclamaciones entre ambas fuentes de energía en Palencia capital y en más de un centenar las consultas. «Todos los días tenemos varias preguntas sobre el tema eléctrico y gasístico», asegura. Los datos de la UCE, que se limitan a septiembre y octubre, confirman la tendencia al alza del pasado ejercicio. «En 2021 se establecieron los tramos horarios de la luz en los contratos del mercado regulado y se generaron muchas consultas al cambiar esta normativa y la del bono social», añade.
Los consumidores -«que cada vez miran más las facturas que reciben», apostilla Molinero- hacen reclamaciones de toda índole que ya eran habituales en el pasado, pero que en la actualidad son más numerosas. Entre los motivos más frecuentes, sobresalen aquellos relacionados con los cobros de los excesos de los consumos fijados en las tarifas planas contratadas, las lecturas que no se corresponden con la realidad, las peticiones de pago para un período de tiempo ya abonado, los cambios de compañía sin autorización del consumidor, los cruces de suministros con otros usuarios a la hora de pagar, la falta de vigencia de contratos firmados al no ser activados por diferentes motivos, las variaciones de tarifas sin avisar y los problemas derivados de servicios adicionales, como el mantenimiento de la instalación o de la caldera.
Además, en el caso de la luz, se ha añadido una causa de reclamación más en los últimos meses: el tope al precio del gas que ya repercute en las facturas eléctricas de los contratos del mercado regulado (aparece dentro del coste de energía) y del mercado libre firmados o renovados después del 26 de abril de 2022. «Es un nuevo concepto que mucha gente no entiende y no sabe por qué se lo aplican», comenta la técnico antes de asegurar que ya han registrado algunas reclamaciones «porque se ha incluido en recibos en los que no tenía que hacerse».
En el capítulo de las consultas, la palma se la llevan las explicaciones relativas al tipo de contrato que firmaron con las comercializadoras de electricidad. «Buscan conocer en qué mercado están. Creo que escuchamos hablar mucho de este tema en la televisión, pero me atrevo a decir que el 90% de los consumidores no sabe en cuál está pese a que las empresas envían desde hace cuatro años, por obligación, las facturas con un logotipo diferente si están en uno o en otro», explica Molinero.
El mercado regulado de la electricidad lleva como nombre precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y cuenta con una opción para usuarios considerados vulnerables, el bono social. Su precio varía según la hora (periodos valle y punta) y el día, mientras que en el libre no tienen por qué existir esas variaciones. «Depende del contrato», declara. En el caso del gas, se llama tarifa de último recurso (TUR) y se divide en cuatro categorías según el consumo (TUR 1, TUR 2, TUR 3, TUR 4). La última, dividida en cinco tramos, está destinada a comunidades de propietarios con calefacción central y fue aprobada en el Consejo de Ministros del 18 de octubre de 2022.
LIBRE O REGULADO. Tras pasar por la UCE y conocer el mercado en el que están, la siguiente pregunta que suelen lanzan los usuarios es ¿libre o regulado? Es decir, quieren saber qué tipo de cobro les vendrá mejor para que su bolsillo lo note lo menos posible.
En este punto, Molinero separa el gas y la luz. A la hora de pagar el combustible fósil, la asociación de consumidores lo tiene claro: tarifa de último recurso. «Aconsejamos que contraten en el mercado regulado porque los precios establecidos por el Gobierno son mucho más baratos que en el libre. No hay ninguna duda. Es lo que más conviene», explica la técnico. Además, asegura que las diferencias serán aún mayores cuando se actualicen en los próximos meses. «Se prevé, por las circunstancias globales, una subida en enero, pero como mucho será del 15%. En el libre puede ser mayor», asevera.
En cambio, en la luz la cosa cambia. «Es la pregunta del millón porque no podemos afirmar si es mejor el mercado libre o el regulado», declaran desde la UCE. De hecho, manifiestan que «hay que estudiar mucho cada factura» porque no está tan claro como en el gas. «Si una persona tiene un contrato del mercado libre al que no afecta el tope al gas (es decir, anterior al 26 de abril de 2022) es mejor, que, de momento, continúe como está. Cuando haga otro nuevo se le incluirá este concepto, que está suponiendo en la actualidad un incremento de entre 20 y 30 euros. En principio irá disminuyendo, pero no se sabe», informan.
Por el contrario, si ya aparece el tope al gas en los recibos de la luz, Molinero piensa que podría cambiarse de compañía, pero siempre tras «analizar todo, ver qué incluye el precio que nos ofrecen y no que no haya servicios adicionales, que lo único que van a hacer es encarecer el coste de la factura». «Hay que mirarlo muy bien y caso por caso. No se puede decir que vayan todos al mercado regulado o al libre. Hay que ver si compensa hacer modificaciones consumidor por consumidor. En la electricidad es más difícil», insiste.
BONO SOCIAL. La única excepción se da en el bono social. A este tipo de medida, que está dentro del PVPC, se pueden adherir las personas vulnerables que reúnan los requisitos personales, familiares y de renta establecidos por la ley. Según la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), existen varias categorías. En líneas generales, los consumidores vulnerables tienen un descuento del 65% hasta el 31 de diciembre de 2023. El porcentaje aumenta hasta un 80% en los usuarios vulnerables severos. En estos se trata de una cifra más elevada por la situación actual, ya que la rebaja establecida es del 25% y del 40%, respectivamente. «Si se puede ser beneficiario, le interesa mucho. Tiene que pasarse», comenta la técnico.
MÁS QUEJAS. La UCE también está recibiendo quejas por «los problemas que están encontrando los usuarios a la hora de pasarse al mercado regulado». Estas se resumen, principalmente, en la imposibilidad de atender a todos los usuarios de manera rápida. «Se están encontrando en las oficinas de las empresas con largas colas de espera. He llegado a ver en algún establecimiento que han limitado el número de clientes que atienden al día porque debe de ir muchísima gente», apunta. Por vía telefónica «está ocurriendo lo mismo», por lo que la UCE invita a los usuarios a solicitar el cambio a través de Internet. «Es la opción más ágil, aunque no todas las personas tienen la capacidad y los medios para acceder», añade.
Por último, Molinero explica que las 48 reclamaciones y las más de 100 consultas se circunscriben a la capital, pero esta situación es similar en otros municipios de la provincia. La UCE ofrece servicios en Aguilar de Campoo, Ampudia, Cervera de Pisuerga, Dueñas, Velilla del Río del Carrión y Venta de Baños. En estos lugares tienen las mismas dudas y peticiones.