Los últimos datos ofrecidos por el INE sobre la previsión de crecimiento de la población en España para el periodo 2022-2037 han deparado las peores expectativas para Castilla y León, que, junto a Asturias y Extremadura, son las únicas autonomías que seguirán perdiendo habitantes, mientras el resto subirá estos parámetros. Ninguna sorpresa tras la tendencia negativa que caracteriza los últimos años. En concreto, la Comunidad perdería en torno a 100.000 habitantes durante los próximos 15 años, lo que la convertiría en la región que más población se dejará por el camino.
Por provincias, el documento anticipa para la Comunidad que solo crecerán ligeramente Ávila, Segovia y Soria, mientras que el resto perderá población, con significativa alerta en Zamora, León y Palencia. En el conjunto nacional, el crecimiento será de cuatro millones en el mismo periodo. 
¿Cómo es posible esta preocupante proyección para Castilla y León, ubicada en el vagón de cola desde hace tiempo? Al margen de la escasa natalidad y el aumento del índice de vida, la respuesta parece clara: la ausencia de políticas reales de choque y estímulos territoriales ante el desafío demográfico. La dirigencia en la Comunidad no acaba de coger el toro por los cuernos de este drama, que traerá mayor vacío a amplias zonas de un territorio que ya cuenta con una de las menores densidades de población por km2 en Europa.
Por mucho que escuchemos hablar de medidas de contención ante esta sangría poblacional, lo cierto es que faltan políticas eficaces de arraigo y de revitalización de dinamismo económico. Todo ello no deja de ser una cuestión de Comunidad que, lamentablemente, deambula legislatura tras legislatura en los programas electorales sin mayor pena ni gloria. Y una de esas medidas esenciales pasa por la aprobación de estrategias para la retención del talento de nuestros jóvenes, cuya fuga a otras regiones y países es un claro síntoma de esta triste realidad.
Por eso, al margen de ideologías, harían bien sus señorías del Parlamento autonómico y los miembros del Ejecutivo en poner este asunto en el centro permanente del debate público. ¿Qué sentido tiene su quehacer cotidiano si no se trabaja en la adopción de políticas ambiciosas y concretas para garantizar el futuro económico y social de las próximas generaciones? Lo contrario sólo tiene un calificativo: fracaso.