Las secretarias provincial y de organización de la Federación de Enseñanza de CCOO, Montserrat de Val y Laura Antolín, denunciaron ayer en rueda de prensa la situación conflictiva que se vive en el sector de centros y servicios de atención a personas con discapacidad que reciben conciertos por la Ley de Dependencia, subvenciones y bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social por los contratos realizados. El convenio, que es de carácter estatal, afecta a 935 personas en la capital y provincia, de los que 450 tienen relación laboral ordinaria y 435 especial.
Las responsables sindicales no descartaron movilizaciones al incumplir la cláusula de ultraactividad. «Está garantizado un incremento mínimo para este año del 6,8% que debe ser inmediato, una vez agotado el plazo de tres meses de negociación sin alcanzar acuerdos equivalentes a la variación del IPC acumulada durante el trienio 2019, 2020 y 2021», indicó Montserrat de Val. Desde CCOO se criticó que las organizaciones patronales presentes en la mesa negociadora «hayan manifestado su intención desde el inicio de la negociación de no aplicar ningún incremento de salarios».
«Se escudan en el gasto extraordinario que habían tenido que asumir durante la pandemia y hacen una interpretación de la cláusula de revisión salarial que nada tiene que ver con lo acordado. Dicen que el incremento pactado del 6,8% puede aplicarse a lo largo de los tres años de vigencia del nuevo convenio, no igual para todos los grupos profesionales, y realizan una nueva propuesta de un 2% de subida de sueldos este año, 2,3% en 2023 y 2,5% en 2024, sin incluir cláusula de revisión salarial», explicó.
«No se quiere tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo y lo que supondría aceptar la propuesta de la patronal en lo referente a la depreciación de salarios», agregó Montserrat de Val.
La dirigente sindical concretó que el actual convenio también recoge la obligación de adecuar los sueldos más bajos a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Inperprofesional (SMI) que fuese fijando el Gobierno, dando el plazo máximo de un mes a la comisión negociadora desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de tales incrementos.
«Desde que se firmó el convenio en 2019, el SMI se ha incrementado en tres ocasiones (en enero de 2020, en septiembre de 2021, y en enero de 2022 hasta los 1.000 euros) y no se ha producido ninguna reunión ante la negativa de las patronales mayoritarias. Los salarios actuales se mantienen congelados desde 2019. De los cinco grupos profesionales del convenio, tres de ellos tienen salarios base por debajo de 1.000€euros, es decir, dos de cada tres trabajadores, con lo cual ese mínimo salarial se consigue absorbiendo todos o parte de los complementos a que tienen derecho. Entre ellos, el desarrollo profesional (formación), lo que desincentiva a muchos trabajadores a formarse puesto que terminarán cobrando lo mismo que quien no se cualifica», arguyó.
PROPUESTA SINDICAL. Desde CCOO se indicó que no se puede aceptar una pérdida de poder adquisitivo que sólo en 2022 podría superar el 12% desde la última subida salarial en 2019 y hasta el 16% en 2023. «Por ello , además de judicializar el conflicto y convocar concentraciones de delegados y delegadas en todas las comunidades ? seguiremos movilizando a los trabajadores del sector, si es que las patronales no se avienen a mejorar las condiciones de trabajo establecidas en el convenio, para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo a medio plazo», apuntó el sindicato.
En Castilla y León, de los 200.000 trabajadores del sector de Dependencia un 50% presta servicios en centros especiales de empleo (donde al menos el 70% de los empleados deben tener discapacidad); un 40% en centros de atención especializada (residencias, viviendas tuteladas, centros de día, centros ocupacionales, atención temprana...) y el 10% restante trabaja en centros de educación especial. Las personas dependientes a las que se atiende en Palencia son 7.806, con 3.472 en la capital y 4.334 en la provincia, que suman 10.968 prestaciones.