Una operación iniciada por el Seprona y en la que ha tenido que intervenir además la Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha culminado en Ávila con tres personas investigadas por trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores además de por integración en grupo criminal y, muy importante, con cinco personas liberadas de esa explotación. Ese podría ser el resumen de la Operación Barronco, de la que ayer dieron cuenta diversos mandos de la Guardia Civil y el subdelegado del Gobierno de Ávila, Fernando Galeano.
Todo comenzó a principios de octubre de 2022, precisamente en el inicio de la temporada de concesión de autorizaciones para la limpieza, poda y corta de encinas. Por ello la Guardia Civil, el Seprona intensificó sus servicios para comprobar la legalidad. En uno de esos servicios, el 14 de noviembre, se realizó una inspección preventiva para comprobar la posible existencia de víctimas de explotación laboral, en una finca perteneciente al término municipal de Ávila, donde se identificó a ocho personas que se encontraban limpiando, cortando y podando encinas, sin contrato laboral, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social e incluso sin autorización para trabajar en España. De esas ocho, siete eran de nacionalidad peruana que no poseían contrato laboral y, una dominicana que sí estaba dada de alta en la Seguridad Social y, por tanto, lo poseía contrato laboral.
Según trascendió las víctimas, antes de iniciar la temporada de aprovechamientos madereros, se encontraban fuera de Ávila, de hecho fueron captadas en un campo de fútbol en Palencia. Allí les ofrecieron el trabajo de poda y corta de encinas aprovechándose de la situación personal dramática y de vulnerabilidad, provocada por la escasez de ingresos para poder pagar productos básicos de primera necesidad.
SITUACIÓN IRREGULAR. Además, algunas de esas personas estaban en España en situación irregular y por ello aceptaban el trabajo sin ni siquiera saber a dónde iban ni las condiciones de pernoctación que tendrían o la duración del trabajo. Desde la Unidad de Policía Judicial, su responsable, Juan José Vallejo detalló que finalmente les trajeron a Ávila y pernoctaban en un chalé de Maello que no cumplía los requisitos de habitabilidad ni salubridad y que, además, trabajaban de sol a sol de 7 de la mañana hasta el ocaso y percibiendo un jornal de 40 euros, siempre en metálico y sin contrato. También aseguró que estas personas, durante las entrevistas, tenían miedo a contestar a las preguntas de la Guardia Civil, ya fuera por posibles represalias o por sentirse amenazados con la expulsión del país.
Captaron a los trabajadores mediante engaño y tras realizar y terminar su jornada laboral, recibían su sueldo en metálico, aunque se eludían las correspondientes cuotas obligatorias a la seguridad social de los trabajadores, según la Guardia Civil.
Por lo demás, el subdelegado del Gobierno de Ávila apuntó que las cinco víctimas han sido finalmente derivadas a Cruz Roja de Palencia.