Castilla y León ha recibido 1.300 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 878 millones se han transferido a la Junta y otros 440 se han ejecutado directamente por la Administración General del Estado. Sin embargo, en la plataforma del plan de recuperación los fondos convocados por la Junta no llegan a los 300 millones, a pesar de que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, cifró esa cantidad por debajo de los 600. Una cifra que supone algo más del 35 por ciento de los 878 millones transferidos por el Gobierno central a la Junta, tal y como señaló ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que reclamó al Ejecutivo autonómico «lealtad, trabajo y compromiso» para que esta «cantidad ingente» de dinero llegue a los sectores productivos. La delegada informó ayer de los avances en la ejecución del plan España Puede, después de que lo hiciera la vicepresidenta primera Nadia Calviño en el Senado, ya que el Gobierno solicitará esta misma semana el segundo pago semestral de 12.000 millones, correspondiente al cumplimento de 40 hitos y objetivos, tras ser España el primer país en recibir el primer tramo.
A los 1.300 millones desplegados por el Gobierno, y que sitúan a Castilla y León como la quinta con más fondos recibidos por detrás de Andalucia, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, Virginia Barcones recordó que hay que sumar otros 416 millones transferidos a la Junta del Programa React EU para fortalecer el Estado de Bienestar, los servicios públicos y fomentar la reactivación económica.
La delegada del Gobierno remarcó que la Junta «debería decir y hacer público cuántas convocatorias y por qué importe ha puesto en marcha», porque las publicadas en la plataforma del plan suman menos de 300 millones. «Sin entrar en polémicas», dijo en declaraciones recogidas por Ical, sería importante en su opinión que estas cifras se presentaran con «transparencia». En concreto, Barcones aseguró que echa en falta iniciativas en materia de empleo joven, competencias digitales, movilidad o vivienda, que remarcó son fondos que deberían ya estar circulando para transformar esta tierra. También apuntó que hay 115 millones para ayudas a los agricultores y ganaderos que «no se sabe con exactitud» a donde han ido y citó otros programas como los referidos a la conectividad de polígonos industriales.
Más de la mitad de los 878 millones, en concreto 456 millones son para actuaciones de transición verde; 95 para la protección social; 86 para turismo; 85 para digitalización; 74 para educación y formación profesional; 56 para empleo; 18 millones para cultura; y nueve para ciencia.
La delegada del Gobierno subrayó que el despliegue de inversiones por la Administración del Estado ha beneficiado ya a más 1.500 participantes en las más de 75 convocatorias resueltas, de los que 1.220 son entidades locales y organismos públicos; 145, empresas, fundaciones y centros de investigación y ochenta, personas físicas.