El debate de la prostitución vuelve a estar encima de la mesa. No es la primera vez que políticos de distinto signo se marcan este objetivo, sin que se hayan encontrado soluciones, pero la propuesta del PSOE de abolirla y multar a los clientes lo trae de nuevo a la discusión entre los partidos de izquierda y dentro del propio movimiento feminista, donde hay quienes abogan por regular esta práctica para garantizar los derechos de las mujeres y otros que apuestan por su prohibición.

Esta idea de los socialistas viene de atrás. El PSOE planteó esta cuestión al debatirse en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la Ley del Solo sí es sí, cuando anunció que los socialistas enmendarían el proyecto presentado por Igualdad para que las medidas de lucha contra la explotación sexual vayan más allá y se orienten a erradicar esta lacra. La ministra, Irene Montero, planteó también en ese pleno dar más pasos y sugirió reformar la ley de extranjería, ya que se calcula que más del 70 por ciento de las mujeres explotadas están en situación irregular.

Fuentes de Igualdad han evitado pronunciarse estos días sobre la posibilidad de sancionar a los clientes y se agarran a las medidas ya incluidas en el proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, que ampliará las ayudas a las víctimas de explotación y trata, reforzará la lucha contra todo tipo de proxenetismo y perseguirá a quienes utilizan sus locales para lucrarse con el ejercicio de la explotación sexual de las mujeres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en poder contar con el apoyo de Unidas Podemos tras haber hablado con la ministra, pero en la formación morada las posiciones no están del todo claras.

En una entrevista el pasado 26 de septiembre, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, reconocía que el debate en torno a si multar o no a los consumidores de la prostitución «está abierto» todavía; y la postura oficial de Podemos sobre la prostitución no menciona su abolición.

Para este partido, según fuentes de la formación, el camino para erradicar la explotación sexual pasa por blindar los derechos de todas las mujeres y, para ello, hay que garantizar alternativas vitales a todas las víctimas de trata y explotación sexual. «Eso pasa por garantizar sus derechos pudiendo acceder de forma efectiva a un trabajo o una vivienda, educación o sanidad e impulsando desde todas las instituciones Planes de Inserción sociolaboral para todas ellas», inciden apuntando también a la reforma de la ley de extranjería.

Y ponen el foco en la industria proxeneta «que se ha enriquecido en la mayor impunidad a costa de explotar sexualmente los cuerpos de las mujeres».

Con cautela

La postura de sus socios catalanes tampoco es tajante. El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, muestra cautela ante el proyecto que quiere impulsar el PSOE y afirma que su formación esperará a ver cómo se concreta el texto para pronunciarse. Se trata, a su juicio, de un «debate complejo» que hay que abordar desde las «garantías y derechos para todas las mujeres».

El asunto puede abrir también el debate interno en el PP. Los socialistas madrileños registraron el pasado lunes en la Asamblea regional una iniciativa para abolir la prostitución en la región y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, les respondió: «Yo lo que veo es la nada. Es el mismo camino de siempre. Destruir empleo, dividir a España y más socialismo». Sin embargo, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, apostaba por seguir trabajando en el camino de erradicar la prostitución como una forma de explotación y de trata de mujeres.

Desde Vox, el vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, desacredita la propuesta del PSOE porque sería «como prohibir el hambre», una idea que atribuye a un intento de que no se hable de otros problemas, como la subida de la luz o la «inmigración ilegal».

Por su parte, la líder de Cs, Inés Arrimadas, considera que su formación apuesta por una regulación «sensata», que proteja a las mujeres de las mafias, ayude a abandonar la prostitución a quien desee hacerlo y permita que quienes quieren seguir adelante puedan hacerlo «con todas las garantías».