La secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, mostró ayer la necesidad de una eventual gestión pública de la residencia de Salinas, de titularidad privada, y el control de la situación laboral. Así, afirmó que tras el brote de Covid-19 surgido el pasado 10 de octubre «hay un problema estructural y la falta de personal no permite atender bien a los mayores», y señaló que el convenio de auxiliares de Enfermería «deja mucho que desear en cuanto a sueldos, precarización y carga de trabajo»
En este sentido dijo que la Junta «no puede seguir mirando para otro lado y hacer dejación de funciones», ya que el estado de alarma, como instrumento jurídico, permite intervenir en Salinas. «Hay 56 plazas concertadas y se puede ejercer un control de ellas y de toda la residencia al existir una competencia en materia de inspección», arguyó. Al respecto, Miriam Andrés consideró que hay que actuar ya. «No vale con el acta de inspección enviado la pasada semana a la Fiscalía en el que algo grave se vería. Desde 2014 no se hacen en las residencias actuaciones de oficio a fondo que le competen a la Junta y solo se acude por denuncias de familiares y trabajadores. Hay que sacar plazas específicas ya», aseveró.
Además, propuso que el Ecyl -o como ya lo hizo la Diputación en su día- impartan cursos de geriatría para gente que busque empleo en la capital y provincia y se pueda generar una amplia bolsa de empleo.
Intervino además la viceportavoz adjunta del PSOE en las Cortes y coordinadora del área de mayores, Nuria Rubio. «Desde la primera ola de la pandemia ya trabajamos codo con codo con la Junta y se exigieron responsabilidades por el modelo de residencias. El informe pedido llegó tarde y mal y no tiene la claridad ni luz que la ciudadanía pedía. De los 1.212 centros residenciales de la comunidad solo 25 están gestionados por la Junta, que es de los que hay información, pero hay que saber lo que pasa en los privados», arguyó.
opiniones de junta y UGT. Sobre la situación de la residencia de mayores de Salinas, el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, manifestó ayer que «está controlado» pero que la contratación de personal que pueda sustituir al que está de baja o se ha marchado «está siendo muy complicada».
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos UGT-FeSP indicó tras una reunión con el delegado de la Junta y la Gerencia de Servicios Sociales que no es posible prestar cuidados de calidad si no hay condiciones de trabajo dignas. «Satisfacer las demandas de los residentes (78 contagiados de 84) y de las personas trabajadoras de la residencia es difícil. Hay 13 de baja y su sustitución, pese a los esfuerzos de empresa concesionaria, Ayuntamiento y Gerencia, no da fruto y genera carga física y emocional en el personal en activo», opinó. «Hay que valorar de verdad la labor de cuidados de todos los profesionales, en su mayoría mujeres, y más ante el doble peligro a contagiar y ser contagiadas. Vemos necesario que la Junta prevea centros o unidades Covid de apoyo cuando hay mermas importantes en las plantillas», expuso.