A buen seguro que tener que pedir ayuda ajena para comer cada día no es cómodo ni grato para nadie, ni siquiera para quienes han nacido y se han criado en una familia con escasos recursos, pocas oportunidades de empleo y un riesgo importante de exclusión, o cuando se ha emigrado con una mano delante y otra detrás, en busca de una situación mejor. Al fin y al cabo muchas de estas personas han acabado por incluir entre sus rutinas la demanda de alimentos, medicinas, pañales o el pago de los recibos de la luz, el agua y el alquiler, y forman parte de los listados que manejan los departamentos públicos de servicios sociales y entidades como la Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos. No es algo deseable, en modo alguno, pero son pobres institucionalizados, una figura similar a la de los pobres de solemnidad del XIX y mediados del XX, aquellos que tenían un carnet que les garantizaba ese apoyo externo en sus necesidades más perentorias. Cuando tienen un trabajo y, con él, mejoran sus ingresos, viven un poco más desahogados, y cuando la crisis o el empleador los borran de sus plantillas, sobreviven del desempleo, si tienen derecho, o del salario mínimo de inserción. 

 El problema se agrava en la actualidad porque la cifra de personas con graves y acuciantes necesidades básicas sin cubrir ha crecido y ya no hablamos de aquellos pobres de solemnidad, sino de los integrantes de una clase media venida a menos por circunstancias tan especiales como la crisis derivada de la pandemia, los cierres de multitud de empresas y microempresas, el inmovilismo del mercado laboral y, últimamente, la inflación y los costes energéticos. No solo hay que comer, sino también afrontar los pagos de la calefacción y el agua caliente, la luz, el alquiler o la hipoteca, la ropa, los libros y el material escolar, la comunidad de vecinos y el combutible si el coche o la moto son imprescindibles para trabajar.  

Lo empezamos a ver con claridad después de la crisis económica de 2008, lo hemos visto agudizado a raíz de la pandemia y la nueva crisis derivada de ella y, a juzgar por los datos y los perfiles que manejan en el Banco de Alimentos y en Cruz Roja, seguiremos viéndolo en tanto en cuanto la situación general no mejore. En los últimos cuatro años el número de beneficiarios de las ayudas de alimentación y productos de higiene ha subido en Palencia un 32 por ciento, con el coronavirus y la creciente inflación como causas directas, pasando de 2.670 en 2019 a más de 3.500 en 2022. Y la previsión es que la escalada de precios, que no lleva aparejada una subida proporcional de los salarios, y el conflicto bélico de Ucrania lo eleven un 20 por ciento más. A muchos les avergüenza pedir porque nunca hasta ahora se habían sentido pobres, pero si no se pone freno a la debacle económica, acabarán siéndolo.