El Ayuntamiento se ha visto obligado a detener la modificación puntutal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ya había aprobado incialmente el pleno en junio del año pasado y que se afectaba a distintos aspectos de la normativa del documento para, entre otras cuestiones, llevar a cabo una rebaja de la protección del arbolado, la conversión a viviendas de entreplantas que hasta ahora se destinaban exclusivamente a oficinas y la llegada de las gasolineras low-cost y desatendidas.
El pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2021, aprobó estos cambios con los votos de PP, Cs y Vox, y el rechazo de PSOE y Ganemos. Sin embargo, el informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, recibido el 29 de julio de 2021, es desfavorable por considerar que se trata de «una modificación de gran alcance para el conjunto histórico, cuya declaración como BIC afecta tanto al suelo como al subsuelo, sin que se haya realizado ningún estudio del impacto de tal modificación sobre el patrimonio arqueológico y el patrimonio construido del Bien de Interés Cultural».
Ese informe desfavorable se refiere, sobre todo, a una de las modificaciones propuestas, con las que el Ayuntamiento pretendía incrementar la dotación de plazas de aparcamiento en el casco histórico. La idea era modificar el URPI-8 para permitir el garaje-aparcamiento en edificio exento y en espacios sin edificación de parcelas de cualquier uso.
Sin embargo, esta objeción es suficientemente importante como para detener los cambios en el planeamiento, por lo que el Ayuntamiento tampoco contestará a las 99 alegaciones que se presentaron durante el plazo previsto por la ley, al entender que no procede la aprobación definitiva.
la propuesta. Uno de los asuntos que mayor debate suscitó y sobre el que no hay objeción alguna fue la nueva redacción de los artículos 154 y 185, dos que afectan a la gestión del arbolado en la vía pública. Cabe recordar que el motivo por el que el juzgado falló contra la tala de 73 árboles de Los Jardinillos fue que incumplía la exigencia del PGOU de que únicamente se pueden eliminar árboles «por causa de fuerza mayor imponderable».
Pues bien, el Consistorio quería reescribir este artículo 154 para especificar que «cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa justificada, se realizará sobre los de menor valor, en función de su edad, porte y estado fitosanitario». Y, de paso, quería modificar el artículo 185, que dicta que en los ecosistemas de ribera, «se prohíbe toda destrucción o modificación de la vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea de las orillas o márgenes de los cursos de agua», y se añadía la coletilla «siempre que se trate de vegetación propia de estos ecosistemas de ribera».