La propuesta de Presupuestos Generales del Estado -PGE- llega al Congreso de los Diputados con demasiadas incógnitas por resolver. El acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es insuficiente para sacar adelante las cuentas estatales de 2022 en la Cámara Baja y los socios minoritarios recelan de su contenido. El objetivo es conseguir los 176 votos en el hemiciclo y pasar página.

Los primeros en posicionarse en contra han sido los independentistas catalanes de ERC -con 13 diputados son claves para aprobar los PGE-, quienes aseguraron ayer estar muy lejos de mostrar su apoyo al proyecto del Gobierno. La estrategia de los secesionistas no es nueva: dilatarán al máximo las negociaciones sabedores de que el tiempo corre a su favor, después exprimirán al Gobierno con concesiones que, en su mayor parte, serán aceptadas para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa. Entre esas demandas están la amnistía a los políticos condenados por la Justicia o el camino hacia la autodeterminación, pero también figuran otras no menos importantes como la derogación de la Reforma Laboral o la modificación de la Ley Audiovisual. Pero no son los únicos, los nacionalistas vascos del PNV también pretenden sacar tajada de la enésima negociación con el Gobierno central y sobre la mesa está el control de la denominada Y vasca del ferrocarril de alta velocidad -172 kilómetros de líneas férreas-, entre otras demandas. Es el mismo juego parlamentario de siempre. Los grandes partidos políticos nacionales -PSOEy PP- se pliegan ante las exigencias de formaciones minoritarias y nacionalistas, cuando no independentistas, que, a la postre, son los que acaban por marcar el paso. Las mal denominadas comunidades autónomas históricas -Cataluña y País Vasco, sobre todo- imponen sus postulados, mientras que las formaciones mayoritarias acceden y las consecuencias son nefastas para España como país. Las concesiones realizadas en los últimos 40 años en asuntos fundamentales como la educación desembocan en situaciones secesionistas como las que vivimos en los últimos años. Hay una diferencia entre los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Mientras los primeros hacen mucho ruido y llevan por bandera la autodeterminación, los segundos rascan en las bases de la convivencia y, al final, los vascos consiguen mayores beneficios sin hacer un ruido, al rebufo de los catalanes. Son dos estrategias distintas que llevan al mismo fin: mermar la presencia del Estado en esos territorios.

Para el Gobierno actual, como para los anteriores, parece que estas cuestiones son menores, ya que el cortoplacisto prima sobre una visión de futuro para el país. Vale más mantenerse en La Moncloa por el precio de un puñado de votos que mantener los pilares del Estado intactos.