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Quintana pide a las diputaciones frenar la exclusión bancaria

SPC
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El Procurador del Común propone que hagan frente de forma conjunta al problema de manera más eficaz y como complemento a las iniciativas de cada una de ellas

Imagen de un hombre de avanzada edad actualizando su cartilla en un cajero automático. - Foto: Rubén Serrallé

El Procurador de Común de Castilla y León, Tomás Quintana, hace un llamamiento a las nueve diputaciones provinciales para que se coordinen y hagan frente de forma conjunta a la exclusión financiera en el medio rural.Una reclamación que llega después de que iniciara una actuación de oficio al ser conocedor de la incapacidad o dificultad que tiene parte de la ciudadanía para acceder a los servicios y productos financieros en el mercado y con el objetivo de satisfacer sus necesidades y mantener una vida socialmente normalizada.

En su resolución, Tomás Quintana pone de relieve que este tipo de exclusión financiera constituye «una preocupación creciente», particularmente en el ámbito rural, donde se produce una progresiva eliminación de las oficinas de las entidades bancarias y sus cajeros, al tiempo que se suprimen los servicios con los que se pretendía suplir las consecuencias de ello, como eran por ejemplo las oficinas móviles operadas por las propias entidades bancarias.

Ante esta realidad, el defensor del pueblo autonómico se dirigió a las diputaciones de la Comunidad para pedir información sobre las iniciativas que llevan a cabo para que los ciudadanos afectados por la carencia de servicios bancarios cuenten con alternativas que cubran sus necesidades.

Una vez obtenida dicha información, pudo comprobar que todas ellas han iniciado medidas como promover que los ayuntamientos aporten edificios para cajeros o personal de entidades, licitar cajeros móviles o el aprovechamiento en algún caso del servicio del Bibliobús; colaborar con Correos para la instalación de cajeros e implementar los servicios disponibles en los puntos de atención y para cubrir necesidades como la de obtener dinero y pagar tributos a través de los carteros rurales a los que puedan acudir los vecinos, habilitar transporte a demanda que permita a los vecinos desplazarse a los lugares más próximos en los que poder hacer sus operaciones bancarias o promover el uso de las tarjetas y otros instrumentos de pago telemático previas acciones de formación.

Decisiones aisladas

En todo caso, tras ser valorada la información proporcionada por las Diputaciones Provinciales, el Procurador del Común pudo comprobar que estas medidas se adoptan de forma aislada, sin compartir las experiencias obtenidas por cada una de ellas y sin aprovechar la mayor eficacia de actuaciones que, desarrolladas de forma conjunta, «podrían permitir en mayor medida cubrir las necesidades de los ciudadanos afectados por la exclusión financiera».

Por ello, Quintana, a través de la correspondiente resolución, pidió a las nueve diputaciones que fijen un espacio de encuentro que les permita poner en común las medidas desarrolladas por cada una de ellas para hacer frente a la carencia de servicios financieros en las zonas menos habitadas, según informa la Agencia Ical.En esta línea, también destacó que éstas pueden como compartir y valorar las experiencias obtenidas en cuanto a la mayor eficacia de unas u otras medidas y sus ventajas e inconvenientes y explorar la posibilidad de que, a través de una actuación conjunta, se puedan adoptar medidas, contando con las entidades financieras.