El independentismo intentará sacar músculo con motivo del quinto aniversario del 1-O, el referéndum ilegal con el que el secesionismo quiso provocar una ruptura unilateral con España a comienzos de octubre de 2017. De hecho, el Consell per la República, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia) ya han llamado a la movilización en las calles para celebrar aquella singular votación que el soberanismo intentó pintar de una legitimidad que solo se sustentó en su propio círculo.

Pero una cosa es el marketing político y otra bien distinta la realidad, que además, y como se sabe, es tozuda. El retrato realista del independentismo cinco años después de aquella jornada ofrece una imagen de fractura como nunca anteriormente. Cada reino de Taifas catalán mira con recelo a sus compañeros de viaje y la brecha que separa a los dos socios de Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts, es cada día más grande. Ya se vio en la última Diada y con certeza volverá a visibilizarse ahora nuevamente. 

Apelarán sin duda a ese enemigo común que es España pero no será suficiente para tapar las grietas que desde hace tiempo amenazan con desmoronar su unidad de acción. Los nostálgicos suspirarán por la unión que exhibió el catalanismo excluyente cuando montó el referéndum en el que votaron miles de personas. Ahora, si bien la mecha que prendió la movilización por la autodeterminación no se ha apagado su llama es más mortecina. Y su carga explosiva no amenaza con ningún nuevo estallido cercano. 

Se comprobó hace escasamente una semana cuando la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, aprovechó la reunión que mantuvo con el presidente del Govern, Pere Aragonès, para exigirle que declarase la independencia en el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la presidencia española de turno de la UE. Incluso le lanzó un ultimátum: «Independencia o elecciones», afirmó, entre fuertes críticas a ERC y al Ejecutivo catalán.

La repuesta al envite fue que actualmente no se dan las condiciones para una declaración unilateral de independencia (DUI). El Govern avisó a la Asamblea de que no trabaja con «deseos» y «proclamas» y que no quiere «tropezar con la misma piedra» y en los mismos «errores que en octubre de 2017». Mientras la ANC cargó en la última Diada contra la Mesa de Diálogo, el Ejecutivo catalán replicó que la senda negociada con el Gobierno es la única vía «real» para conseguir un referéndum. 

Y sobre la petición de comicios, Aragonès también fue categórico: «No habrá elecciones».

Oriol Junqueras, a su vez, se alineó con esta línea desactivadora ante una hipotética nueva cita con las urnas. «En la ecuación de la independencia de Cataluña el tiempo no es una variable independiente. No es una cuestión de tiempo, no es cuestión de fijar un plazo», sentenció el líder de ERC.

Estallidos y enfados

Incluso fue todavía más lejos, y en un estallido inusual donde mezcló enfado y sinceridad, acusó a algunos dirigentes del PSC y de Junts de «taparse las vergüenzas y los casos de corrupción los unos a los otros» y de querer dividir a los catalanes para repartirse despachos en las instituciones. «No nos desviaremos nunca del camino, ni un milímetro. No nos dejaremos presionar por nadie, no nos dejaremos convencer por quienes creen que la independencia pasa por ser cada vez menos y más débiles», recriminó.

El presidente de Esquerra se mostró, sin embargo, convencido de que la independencia de Cataluña llegará tarde o temprano. Eso sí, sin someterse a los plazos de la ANC ni a la presión de Junts.

Esa amenaza a romper el pacto de Gobierno es otra de las grandes vías de agua del movimiento rupturista catalán. El responsable de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que si hay un sector de Junts per Catalunya que quiere salir del Ejecutivo catalán, «esta es una cuestión que debe resolver internamente Junts», a la vez que ha reiterado su voluntad de «acabar la legislatura en 2025 con el Govern que tengo ahora». Desde Junts, el secretario general de esta formación, Jordi Turull, le pidió a Aragonès, «que no actúe como si fuera un Gobierno solo de un partido» y que cumpla el acuerdo de Govern.

Las notables discrepancias entre los principales socios se han convertido en un boquete que amenaza al buque soberanista. Y esa división tradicional e histórica que manifiesta el secesionismo catalán ha sido un factor determinante para que ahora se vea lejana, cuando no muy improbable, la organización de otra votación ilegal.

La reciente destitución de Laura Borràs, la representante de Junts que fue presidenta del Parlament y mujer de confianza de Puigemont, mostró bien a las claras esa fractura. En ese complejo universo donde las filias y las fobias están a la orden del día, no extrañó que el rechazo de ERC y la CUP a blindar a Borràs en su puesto ahondara todas esas divisiones.

Y se visibilizó con virulencia como cuando la propia Laura Borràs cargó contra los cinco diputados del ERC, PSC y la CUP que votaron su suspensión. Visiblemente enfadada los acusó de «ir vestidos de jueces hipócritas, que han aplicado el reglamento del enemigo».

A la nueva realidad no son ajenos los viejos rockeros del movimiento separatista. El pasado 19 de septiembre, el Govern del 1-O de 2017, con todos los presos independentistas y los huidos de la justicia, protagonizó un acto en Girona donde reclamó concordancia en la acción, aunque también admitió «discrepancias», expresadas desde el público con silbidos al aparecer un vídeo enviado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

El expresidente catalán Carles Puigdemont también intervino telemáticamente, en su caso desde Bélgica, para repetir insistentemente el mensaje de unidad, aunque también dejó ver el posicionamiento del sector independentista que representa al señalar que «prescindir de la movilización» retrasará el objetivo. El reloj corre en su contra.