Nadie duda que en las próximos meses se producirá una ruptura entre PSOE y Podemos que quizá haga saltar por los aires la coalición. Es habitual en esa fórmula de gobierno, los partidos de una coalición necesitan ir a las elecciones con programa propio y diferenciados, y lo que importa a unos y a otros es que la ruptura sea civilizada, sin sangre, que es lo que permitirá a los partidos transmitir una imagen de madurez y sentido de Estado. Y que se recomponga la fórmula después de las elecciones si los números lo hacen posible.

Así las cosas, la brecha entre PSOE y Podemos se profundiza con la tramitación de la Ley Trans, que Belarra y Montero consideran fundamental porque transmitiría la idea de que su paso por el Ejecutivo ha tenido como consecuencia la aprobación de una iniciativa que daría visibilidad a un sector que hasta ahora se sentía marginado, los transexuales.

El problema es que la interpretación de Podemos sobre igualdad no tiene nada que ver con el que defiende el PSOE, jurídicamente es muy cuestionable tal como lo han diseñado, y trata de imponer la autodeterminación de género, que tiene que ver con el sentimiento más que con la identidad sexual. En el caso de este proyecto de ley recoge aspectos que han sido rechazados de pleno por profesionales de la sanidad, de la psicología y la judicatura, así como por movimientos que han luchado seriamente por la igualdad, no solo de la mujer sino que también recoge derechos plenos para gais, lesbianas… y trans.

Pretende Podemos que niños de 12 a 14 años puedan acudir a un registro solo con una autorización judicial, entre 14 y 16 con la luz verde de los padres o tutores, y a partir de los 16 sin ningún tipo de requisitos. Se eliminan los informes de los profesionales de salud y los psicólogos, así como los de un juez en caso de discrepancias familiares. La última palabra corresponde a los afectados, incluso para una operación quirúrgica de cambio de sexo.

El feminismo, médicos, psicólogos y jueces -con excepciones, como siempre- han hecho saltar todas las alarmas, desde poner en cuestión la necesaria madurez para tomar determinadas decisiones, la irreversibilidad de operaciones realizadas cuando el paciente carecía de información suficiente sobre sus consecuencias, o no tenía definida con seguridad su identidad sexual, no conocía las consecuencias de la hormonación o de la intervención quirúrgica, hasta la instrumentalización de la nueva ley de obtener determinadas ventajas, por ejemplo en competiciones deportivas.

Más allá de la consideración de las personas trans como ciudadanos con igualdad de derechos, las leyes deben estar perfectamente elaboradas para que no quede resquicio que pueda ser aprovechado para fines espurios, o sin las suficientes garantías de que la persona afectada realmente sea trans, realmente quiera cambiar el sexo y la operación se realiza con plenas garantías y garantías legales.

Todo lo demás es debate político y el empecinamiento se convierte en frivolidad de imprevisibles consecuencias.