El lobo ibérico no se podrá cazar desde hoy después de quedar finalmente incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial desde este martes, 21 de septiembre, de modo que ahora su caza quedará prohibida en toda España, según recoge la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que publica el Boletín Oficial del Estado. Finalmente llegó el día tan criticado por la Junta de Castilla y León, ganaderos, opas y cazadores, que durante la jornada de ayer estallaron contra la decisión –que ya había sido anunciada hace meses–. Hasta la fecha, la caza de lobo estaba permitida al norte del Duero, donde se encuentra en situación favorable, mientras que estaba prohibida al sur de este río, donde las poblaciones ya estaban incluidas en el Lespre. Una medida contra la que la Junta de Castilla y León, al igual que el resto de comunidades loberas –Cantabria, Asturias y Galicia– entre las que ya hubo ayer una reunión, anunció que, «antes de una semana», presentará un recurso ante la Audiencia Nacional para revocarla.  Así, será a través de un recurso contencioso para suspender la eficacia administrativa de la resolución del BOE.

El consejero de MedioAmbiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue el encargado de anunciar este recurso ante una medida que será «muy perjudicial» para los intereses de Castilla y León por el daño que ocasionará a la ganadería y también por «el peligro de abandono de nuestro territorio: es contraria a los principios del Reto Demográfico y además sin ninguna razón que lo justifique».

«Para salvar la cara a determinado ámbito ecologista se vulneran los intereses generales de las comunidades autónomas», dijo Suárez-Quiñones, que criticó que no se entiende que sea precisamente el Miteco, el responsable de un cambio que supone «un elemento perjudicial para el reto demográfico, que pone en riesgo la ganadería extensiva y eso es el abandono de los ganaderos y de los pueblos, que se basan en la ganadería y la agricultura». 

Como ya hizo en el pasado, el consejero autonómico cargó personalmente contra una Vicepresidencia tercera que lleva en su «título» el reto demográfico pero, sin embargo, «adopta una medida que va justamente en sentido contrario a la población». También afeó que la orden apele a «razones culturales», cuando no hay justificaciones de conservación de la especie, que en Castilla y León es «favorable».

Asociaciones

Más duras se mostraron las organizaciones profesionales Asaja, COAG y UPA, que acusaron al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al blindar al lobo y de tomar una medida «urbanita e irresponsable», que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural. Por ello, las tres asociaciones volvieron a pedir la dimisión de la ministra Teresa Ribera y avanzaron que están ya estudiando la convocatoria de movilizaciones de rechazo a esta medida. «El blindaje del lobo es un ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica. Los ataques al ganado aumentarán. Las pérdidas de la ganadería aumentarán. El despoblamiento aumentará», pronosticaron los ganaderos.

Por su parte, la Real Federación Española de Caza también va a interponer un recurso en la Audiencia Nacional contra la decisión y lamentó que «por simple ideología anticaza, los distintos planes de gestión del lobo que están permitiendo recuperar sus poblaciones».

Ecologistas

Por el contrario, las organizaciones conservacionistas acogieron la medida con gran satisfacción y alegría ya que supone «un paso importantísimo para el equilibrio de nuestros ecosistemas» tal y como lo describen desde WWF España, aunque insisten en que «llega tras años de denuncias, estudios, manifestaciones, informes y procesos judiciales» según recuerdan desde Ecologistas en Acción.