Poco más de tres meses después de su entrada en vigor, la ley de la eutanasia ha recibido sus primeras cuatro solicitudes en Castilla y León, aunque solo una de ellas se encuentra actualmente en tramitación. Las peticiones para acogerse a la eutanasia llegan con cuentagotas, al igual que ocurre en otras comunidades donde ya tienen todos los mecanismos en marcha para poder hacer efectivo el derecho a una muerte digna como establece la normativa que entró en vigor el pasado 24 de junio.
Hasta el momento, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad a este periódico, se han recibido cuatro solicitudes, de las que una se encuentra en trámite, otras dos han sido denegadas y una ha decaído por fallecimiento del interesado. Esta es toda la información que se facilita sobre este asunto, al que fuentes oficiales de la Junta dotan del «máximo nivel de protección», sin conocerse las causas por las que piden dicha muerte digna ni las provincias de las que proceden.
Castilla y León fue de las primeras comunidades en las que se aprobó el decreto para crear la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, un órgano imprescindible para poder cumplir la ley y que permite que todo el que lo solicite pueda recibir ayuda para morir dignamente.
La nueva prestación, que se incluye en la cartera de servicios de Sacyl, tiene un trámite ineludible y muy estricto de nueve pasos marcados por la ley, de manera que cada petición deberá resolverse en un plazo máximo de 40 días. La constitución de la comisión es preceptiva para poder aplicar esta ley orgánica, aprobada en las Cortes Generales el pasado mes de marzo. Dicha comisión, que fue constituida el pasado 7 de julio en la Comunidad, está compuesta por 15 miembros, tanto sanitarios como jurídicos.
No se han dado tanta prisa otras comunidades y el desarrollo de la ley es muy diferente por autonomías, porque mientras en algunas ya se ha aplicado a varias personas, en otras no se puede ni solicitar. Este es el caso de Andalucía, donde no se ha constituido dicha comisión para poder desarrollar la ley de la eutanasia, mientras que Madrid y Extremadura lo han hecho recientemente. Ya se han autorizado muertes dignas en Murcia, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, como han publicado varios medios regionales, mientras que en Castilla-La Mancha también hay casos en tramitación. Otros gobiernos autonómicos han preferido no facilitar datos sobre el número de solicitantes.
Registro de objetores
La Junta también tramita un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación.
Los profesionales deben hacer su declaración de objeción por vía telemática (en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León), que será válido tanto para centros públicos como privados o concertados. Ya se han ido incorporando los primeros profesionales a dicho registro, aunque la Junta no facilitado datos sobre el número de ellos ni sus centros de referencia. Este fichero está abierto de forma permanente y los profesionales interesados pueden inscribirse en él cuando lo deseen.
Desde la Asociación a Morir Dignamente (DMD) aseguran que están comprobando que hay muchas trabas. «El proceso es largo porque debe pasar por varios responsables», indica su portavoz en Salamanca, Mercedes Martín. Además, incide en que la formación de los especialistas «no ha sido prevista para afrontar los primeros casos que han llegado en la Comunidad».
Martín explica que «ante la falta de conocimientos y de información, muchos profesionales han optado por la objeción para evitar esa tarea», aunque considera que esta decisión debería ser «excepcional».
Este colectivo, con sedes en León y Salamanca, cree que de momento el recorrido de esta ley no es bueno, aunque confía en que avance más rápido porque «acaba de iniciarse el proceso y ha pillado el verano».
Problemas para encontrar médico responsable
Uno de los primeros problemas que están encontrando las personas que quieren acogerse a la Ley de la Eutanasia es encontrar un médico responsable que quiera acompañar al enfermo durante todo el proceso, como señalan desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Mercedes Martín, de este colectivo en Salamanca, denuncia que muchos profesionales prefieren optar por la objeción ante el desconocimiento y la falta de formación sobre la nueva normativa, lo que está causando muchas trabas a los solicitantes. Martín reconoce que Castilla y León ha hecho un esfuerzo a la hora de constituir la Comisión de Garantía, que fue de las primeras comunidades en ponerla en marcha, y valora la reunión que mantuvo la Consejería con la asociación, aunque considera que se debe «crear una estrategia de trabajo» y conocer «dónde hay problemas» para evitar que se produzcan denegaciones que cumplan con los criterios marcados en la ley en entró en vigor el pasado 24 de junio.