Medidas de alcance que ayuden a paliar la crisis de precios que sufre España y que se traduzcan en una rebaja de impuestos a los carburantes, la electricidad y el gas, tal y como se acordó en la Conferencia de La Palma. Reivindicaciones que de su puño y letra firmó ayer el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, antes de remitírsela al líder del Gobierno nacional,Pedro Sánchez, y que se suma a la enviada el fin de semana pasado por el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, bajo las mismas premisas. Una misiva en la que Fernández Mañueco reclamó «medidas de alcance» para hacer frente a los «graves» problemas que atraviesa el país debido al «agravamiento» de la situación económica que a su juicio «ya era delicada» antes del conflicto bélico de Ucrania y Rusia.
«La elevada inflación, con costes energéticos desorbitados, y las dificultades en las cadenas de distribución de algunos suministros comprometen el futuro de empresas, autónomos y familias», remarca Fernández Mañueco en la carta enviada ayer al presidente del Gobierno, que se encuentra en Bruselas para asistir a la Cumbre de la OTAN y al posterior Consejo de Europa de líderes de la Unión. En este sentido, el presidente de la Comunidad se dirige a Sánchez «muy preocupado» por la situación actual y considera que la guerra en Ucrania y sus efectos pueden afectar de forma «severa» al ritmo de avance de una economía que intentaba recuperarse de los efectos de la pandemia de la covid-19.
En este contexto, Fernández Mañueco ve «urgente» la adopción de medidas para atajar la escalada en los precios de la electricidad, el gas, los hidrocarburos, el resto de los insumos de los sectores productivos, así como de los bienes y servicios básicos utilizados por las familias. Insistimos en la necesidad de adoptar medidas de reducción de impuestos, tal y como indica, se acordó en la última Conferencia de Presidentes, celebrada a mediados de mes en la isla de La Palma.
En concreto, demanda la aplicación de un tipo superreducido de IVA sobre la energía, pese a ser «conscientes» de que esta medida también determinaría una reducción de ingresos para la Comunidad. Además, ve «imprescindible» poner en marcha ayudas directas a los sectores productivos más afectados, utilizando el remanente de las ayudas directas creadas por el Real Decreto de marzo del pasado año para paliar las consecuencias de la pandemia. También considera necesaria la dotación de un fondo específico para atender los mayores gastos en los servicios públicos, así como la reorientación y flexibilización de los fondos de la Unión Europea.
«Considero que son medidas urgentes dados los graves problemas por los que están atravesando tantas empresas, pymes, autónomos, familias y ciudadanos en general», manifiesta Alfonso Fernández Mañueco en la misiva que concluye: «Confío en tu sensibilidad para que estas iniciativas puedan ponerse en práctica cuanto antes. Agradeciendo de antemano tu colaboración, recibe un cordial saludo».
Menos recaudación
Unas medidas que tendrán un evidente impacto en las arcas autonómicas, toda vez que el Gobierno central remite a la Junta una parte de los impuestos que recauda en Castilla y León de los hidrocarburos o la electricidad. «Somos muy conscientes de que esta bajada en la energía tendrá también un impacto con una menor recaudación autonómica que dispuestos a asumir, esta aportación de la Junta sería positiva para muchas familias, empresas, pymes y autónomos que pasan grandes dificultades», explicó por su parte el portavoz en funciones y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Una intervención en la que aprovechó para insistir en que la decisión del Ejecutivo central debe ser «urgente», al tiempo que recordó al Gobierno que desde la Junta se sigue «con la mano tendida».
Por otra parte, reconoció la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los empleados públicos en los últimos años, al no corresponderse el crecimiento de sus retribuciones con el porcentaje de la inflación, si bien recordó que ello depende de «la normativa nacional». Carriedo respondió así a las demandas realizadas por CSIF en relación a la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos, manifestando su acuerdo en que dicha pérdida es «aún mayor» que en 2010 pero que es un ámbito de competencia de «la legislación básica del Estado».