Treinta y cinco pacientes al día, con un tiempo medio de diez minutos de consulta y en un plazo máximo no superior a los dos días. Estos son los pilares sobre los que se asienta el acuerdo firmado entre la Consejería de Sanidad y el sindicato médico Cesm y que supone un punto de partida para seguir negociando en los próximos meses en aspectos como la desburocratización de la Atención Primaria y establecer mejoras en el ámbito hospitalario. 

El documento es una medida de choque ante el déficit de profesionales, y defiende «a ultranza» que el acto médico sea presencial, que lleva aparejada la articulación de nuevo de la apertura de consultorios por las tardes de forma voluntaria y retribuida. De esta forma, según este acuerdo aprobado, los médicos de Familia atenderán a un tope de 35 pacientes al día, de los que 25 serán de manera presencial, con un tiempo medio asignado de diez minutos, una «reivindicación ancestral» del colectivo. Además, les citarán en un máximo de 48 horas, y contará con otras diez citas que se distribuirán a criterio del profesional, preferentemente presenciales, aunque también telefónicas. 

Y aunque parece que son medidas aplaudidas por todos los estamentos, sin embargo, el problema de fondo en Atención Primaria es más sustancial. El presidente del Colegio de Médicos de Palencia, Francisco José del Riego Tomás, negó, en declaraciones a Diario Palentino, que actualmente exista una falta de médicos. «No faltan médicos; lo que falta son especialistas en medicina familiar y comunitaria. No salen plazas MIR suficientes para esta especialidad tan importante y, sin embargo, contamos con un ratio mayor en otras». El ratio de médicos activos por cada 100.000 habitantes en Palencia era de 414 en 2022, mientras que la media regional es de 451.

Abundando en los datos aportados por el Colegio de Palencia, en 2022 el número de médicos de familia en la provincia por cada 100.000 habitantes era de 128 (136 en 2019). De hecho, el índice de reposición en esta especialidad es del 0,68, por debajo de la referencia 1 que sería la mínima imprescindible. La media regional estaba establecida en 2022 en 119 facultativos de medicina familiar (con índice de reposición de 0,99).

INFORME EN LAS CORTES. Francisco José del Riego quiso tirar de datos para analizar la actual coyuntura, que era esperada teniendo en cuenta que el Consejo Oficial de Colegios de Médicos de Castilla y León ya presentó en 2019 en las Cortes regionales un estudio demográfico con análisis y tendencias sobre la realidad médica en el ámbito de la comunidad, un informe que fue supervisado de nuevo en 2022.

Una de las conclusiones del citado informe es que el número de médicos en activo era menor en 2022 que tres años antes y que el número de galenos por habitante, provincia y especialidad no era homogéneo, cuestión que ya ponía en entredicho la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública. «Más que una carencia generalizada de médicos, que sí existe en algunas especialidades, hay una distribución irregular no basada en datos objetivos», indica.

Por otro lado, el informe presentado ante las Cortes indicaba que la distribución etaria del total de médicos en activo de la provincia y de la comunidad en general adopta la forma de una pirámide invertida. De hecho, se ha duplicado en los últimos tres años el número de médicos activos por encima de los 65 años que ha pasado del 5 al 11 por ciento. Y, lo que se ha comentado con anterioridad, el índice de reposición de especialistas es muy variable dependiendo de la especialidad; en algunas este índice es bueno y en otras es deficitario (psiquiatría, aparato digestivo y cirugía general, cirugía oral y maxilofacial, microbiología, otorrinolaringología, análisis clínicos, geriatría, medicina familiar y comunitaria, alergología, medicina preventiva y medicina del trabajo, por este orden).

Asimismo, el déficit de médicos se manifiesta de manera singular en la medicina familiar y comunitaria que, por su volumen e importancia, (representa el 27% de los médicos en activo, es la puerta de entrada al sistema sanitario y ya tiene una grave carencia de efectivos) impacta gravemente en el sistema de salud de forma global. De hecho, un porcentaje elevado de médicos de familia, según el presidente del Colegio de Médicos, «desempeña su labor en las urgencias hospitalarias, circunstancia que no se ha tenido en cuenta en la planificación, lo que agrava la reposición de médicos del primer nivel asistencial». 

Indica que «es preciso analizar y dar soluciones a especialidad con medidas que no solo pasan por aumentar las plazas MIR». Al hilo, Francisco José del Riego se mostró «totalmente partidario» de la creación de la especialidad de Urgencias, no solo por sus características profesionales sino precisamente por el hecho de alta ocupación de puestos de médicos de familia en sus departamentos.

El presidente del Colegio de Médicos de Palencia, como el resto de sus homólogos de las demás provincias de Castilla y León, abogó por un pacto por la sanidad para que el sistema sea viable y la creación de un nuevo plan de ordenación de recursos humanos.

DENUNCIA. Por otro lado, Francisco José del Riego también confirmó que al Colegio han llegado en los últimos meses «quejas»  por las contrataciones supuestamente irregulares en Atención Primaria. De hecho, del lunes salió a la luz que la Fiscalía de la Comunidad había abierto diligencias para esclarecer los hechos relatados por la denuncia presentada por un médico que ejercía en el centro de salud de Guardo por una presunta contratación irregular de médicos de familia en centros de Atención Primaria de la comunidad, concretamente 120.

Francisco José del Riego apuntó al respecto que desconocía el fondo del asunto pero subrayó y recordó que el Consejo de Ministros  aprobó en septiembre de 2020 un Real Decreto-Ley de Medidas que permitían a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, posibilitando así la incorporación de 10.000 profesionales sanitarios.

En concreto, el texto recogía la posibilidad de que se pudiera contratar a aquellos profesionales que contaban con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, pero que carecían del título de especialista reconocido en España para realizar funciones propias de una especialidad.