Mil millones de euros, 227 cargos y el cetro del poder provincial. Las elecciones del próximo 28 de mayo tendrán otro botín más allá del lustre de los grandes ayuntamientos y sus emblemáticas alcaldías. Discutidas hasta la saciedad cuando la doble recesión del 2009 estrangulaba las cuentas públicas, las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León buscan también renovar a los dueños del bastón de mando de unas instituciones muy apegadas al inabarcable mundo rural autonómico, pero que siempre han vivido a la sombra de los focos y los flashes que iluminan a las alcaldías y los gobiernos regionales. Quizás, su particular forma de conformarse –son la única institución en la que los ciudadanos no eligen directamente a sus integrantes–, las críticas de lluvia fina sobre su utilidad, o el menor impacto de su gestión en las grandes ciudades, lastran una mayor visibilidad de estas entidades. Y no será porque cuenten con un corto recorrido, toda vez que datan del 1836. Casi dos siglos de bagaje a sus espaldas.
El último bastión del bipartidismo sigue siendo un botín más que apetecible para Partido Popular y Partido Socialista, que ven en las nueve diputaciones una forma de consolidar el poder municipal desde abajo. Entre los dos acaparan al 85 por ciento de los 227 diputados provinciales de las nueve instituciones –106 el PP por 89 de los socialistas–, que para el 2023 han aprobado unas cuentas que rebasan ligeramente los 1.000 millones de euros. Cantidad que apenas representa el siete por ciento de los 14.000 millones con los que contará la Junta este ejercicio.
A diferencia de los ayuntamientos de las capitales de provincia, donde el PSOE encara las elecciones del 28-M con un apabullante marcador de '5-1' sobre los populares, la realidad en las diputaciones es diametralmente opuesta. Aquí, el PP barre a los socialistas con siete bajo sus siglas, que serían ocho de nueve si no hubiera cedido la de Zamora a Ciudadanos dentro del paquete de negociaciones que terminó con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta en el año 2019.
Solo León, y con notorias tensiones internas entre PSOE y UPL, resiste la embestida de la maquinaria municipal del Partido Popular que, una vez más, confía en que el próximo 28 de mayo haya una papeleta con su logo en los 2.248 municipios que tejen el entramado autonómico. Un empeño personal del presidente del PP regional que no es fruto de la casualidad. El particular sistema de designación de las diputaciones hace que cada papeleta válida de una formación cimente el reparto final de asientos.
Capilaridad territorial
A mayor lista de municipios presentes, más votos para la hucha y la consecuente acumulación de concejales. Tal es así que el PP, gracias a su apuesta por cubrir hasta el último rincón de los 94.226 kilómetros cuadrados de Castilla y León, y a la innegable ayuda de la famosa Ley D'Hondt, presenta las ratios más bajas para la obtención de diputados provinciales. 4.523 votos necesitaron, de media, los populares para lograr cada uno de sus 106 representantes en las diputaciones en 2019, frente a los 5.054 del PSOE o los más de 9.300 que tuvo que conseguir Ciudadanos.
Matemáticas que se traducen en que en once de los 45 partidos judiciales –área geográfica que está determinada por un correspondiente grupo de municipios sobre cuyos resultados se deciden los diputados provinciales– el Partido Popular obtuvo el único representante en juego. Distritos en los que basta con un solo voto de diferencia para quedarse con todo el pastel de esas circunscripciones.
A la caza de diputados
Es ahí donde una vez más entra en juego la variable C, de Ciudadanos. La, a tenor de las encuestas, descomposición de los liberales vuelve a extender el coto de caza de Partido Popular y Partido Socialista, y devuelve la ecuación a su statu quo previo a 2015. 150.000 votantes y 19 diputados son la pieza a cobrar. Cantidad que pese a su escaso valor porcentual, apenas representa el nueve por ciento del total de designaciones, es la clave que puede girar el color político de emblemas como Burgos, León, Segovia o Zamora, donde las diferencias entre PP y PSOE residen en el número de diputados que atesora la formación naranja. Contienda en la que los de Fernández Mañueco parten con notoria ventaja, y se imponen en 23 de los 45 partidos judiciales autonómicos, frente a los escasos ocho que dominan los socialistas.
Los catorce restantes están empatados. Precisamente, el trasvase de papeletas de Ciudadanos será capital para desenmarañar otra de las claves que señalará a vencedores y vencidos el 28 de mayo. Romper las tablas en plazas como Palencia, Segovia o Valladolid, donde PP y PSOE cuentan con seis diputados cada uno, puede ejercer el peso suficiente para decantar la balanza y resignificar, o consolidar, el 'otro' poder local.