La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, puso ayer de manifiesto su voluntad para iniciar la búsqueda de soluciones con el objetivo de llegar a la equiparación de las condiciones salariales de los trabajadores de los once CEAS de la provincia, independientemente si son empleados de la propia institución o de los ayuntamientos. 

En un encuentro celebrado con representantes de los sindicatos CCOO,  UGT y CSIF, en el que también estuvo el diputado de Servicios Sociales, Alfonso Polanco, la presidenta de la Diputación recordó, no obstante, que no es un asunto que se pueda abordar en este momento de manera definitiva ya que todas las administraciones se encuentran inmersa en un proceso de estabilización de sus trabajadores interinos.

Explicó que, en su compromiso constante de colaboración con los ayuntamientos y con la atención social en nuestra provincia, está trabajando para iniciar un proceso que llegue a las equiparación de las condiciones salariales de todos los trabajadores que prestan servicios en los centros de acción social.  Ángeles Armisén recordó que este asunto ya se ha tratado en reuniones anteriores en el marco del Diálogo Social.También quiso resaltar que desde el año 2013, a través de la firma de instrumentos de colaboración con los ayuntamientos, se está financiando de manera adicional para mejorar la calidad de los servicios y de las condiciones de algunas de las condiciones retributivas.  Las partes han quedado emplazadas a una reunión el próximo 10 de marzo donde la Diputación presentará una propuesta de mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de los CEAS la provincia.

CRÍTICAS DEL PSOE. Por otro lado, el Grupo Socialista en la Diputación reiteró una vez más la obligación de la institución que preside Ángeles Armisén de asumir el personal de los CEAS que actualmente se encuentra bajo el amparo de los diferentes ayuntamientos.

Desde el PSOE se lamentó «la precaria situación» que viven las trabajadoras de este servicio, tanto por sus condiciones laborales como salariales, lo que está provocando una evidente dificultad para encontrar profesionales que lo atiendan.

Los diputados socialistas denunciaron también la cesión de las competencias en materia económica a los ayuntamientos y mancomunidades, única Diputación de Castilla y León que lo hace, a los que convierte en sus pagadores directos. En primer lugar, porque el Convenio Marco no sufraga la totalidad del servicio y, en segundo, por la demora en que la institución provincial procede a su abono, que el pasado año, no se produjo hasta agosto.