El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, pero la elección de sus miembros está directamente relacionada con las consecuencias de sus decisiones políticas. Es la razón de que cada paso que afecta a su configuración, como es la designación de sus vocales -que a su vez eligen a su presidente- esté precedido de envenenadas e interesadas negociaciones políticas.

El gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado sobradamente su falta de respeto a la independencia de la Justicia al bloquear, al igual que hace el PP, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, situación en la que gobierno y PP se echan mutuamente las culpas. El gobierno sin embargo ha enseñado su rostro más intervencionista cambiando las reglas hace unos meses, cuando después de negar que un CGPJ en funciones pudiera elegir miembros del Supremo y presidentes de las audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia, esté obligado ahora a elegir antes del 13 de septiembre a los dos miembros del TC que le corresponden. Así conseguirá Sánchez que, al fin, después de nombrar el propio gobierno sus dos vocales, el TC cuente con una mayoría de miembros progresistas que, no solo nombre presidente a quien quiere el gobierno, el ex fiscal general Conde Pumpido, sino que resuelva los recursos que tiene pendientes, todos ellos de gran calado político, como le conviene a Pedro Sánchez y a sus socios. Socios cuya principal seña de identidad es el escaso respaldo a la Constitución.

Esta semana, previsiblemente, el CGPJ elegirá esos dos vocales y las posiciones previas son inquietantes. Por ejemplo, que la vocal Clara Careaga, esposa de Conde Pumpido, hasta ahora no ha aceptado las sugerencias de que se abstenga en la votación. Aunque lo que provoca mayor susceptibilidad es que se advierte a la legua la maniobra del gobierno para garantizar, a través del sector progresista, ya mayoritario, que los recursos pendientes concluyan con respaldo a las posiciones que mantiene el Psoe. ¿Significa eso, como dice el Psoe, que ese argumento cuestiona la independencia de los miembros del TC, cuando forman parte de él personas de indiscutible prestigio? Pues sí, la cuestiona, porque algunos de esos profesionales tienen también indiscutible prestigio en priorizar sus posiciones políticas, y de ejemplos está plagada la Justicia española, tanto en el TC como en otras instituciones que en buena ley tendrían que ser rigurosamente profesionales.

La prueba de que el gobierno tiene un afán excepcional en la nueva composición del TC es que no ha dudado en promover esa reforma legal para que el CGPJ pueda elegir vocales del TC pero sin que pueda hacerlo con miembros de tribunales en los que ya existen problemas serios por la imposibilidad de cubrir docenas de plazas vacantes.

Que nos engañe Sánchez con su supuesta preocupación por "la gente". Lo que pretenden el presidente, y a sus ministros, es garantizarse que las instituciones del Estado decidan a conveniencia de Moncloa.