La sentencia del Tribunal Supremo es demoledora. Confirma lo que ya recogíeron en su día la Fiscalía y la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenaron a varios altos cargos entre ellos los ex presidentes de la Junta y del Psoe Manuel Chsves y José Antonio Grtiñán. A Griñán se le condena no solo a inhabilitación sino también a seis años de prisión, por delito de malversación.

Es tan dura la sentencia que hace difícil el indulto que promovía el gobierno y un sector importante del partido socialista. El texto ahora publicado, echa abajo los argumentos con los que se defendían Chaves, Griñán y sus simpatizantes: no hubo una especial sensibilidad social para justificar los ERE a personas y empresas que no tenían derecho a ellos y se encontraban en situación de crisis y, lo más importante, los condenados conocían perfectamente el funcionamiento de la operación.

Los Eres andaluces costaron a las arcas públicas unos 600 millones de euros. Cantidad que fue distribuida entre simpatizantes y militantes del Psoe, empresas afines, comisionistas y colectivos que podían provocar acciones desestabilizadoras en la calle que perjudicarían al gobierno regional.

La sentencia del Supremo recoge expresiones inequívocas que sirven de base para la ratificación de la condena, como que los encausados habían participado en "un procedimiento específico" para eludir los controles, y que "la existencia de una grave crisis social no habilita ni es motivo para conceder subvenciones al margen de la legalidad". Dice también que recibieron "advertencias sobre irregularidades" e "informes de distintas procdencias.

Al gobierno se le pone difícil el indulto a Griñán, aunque Sánchez no es de los que permite que una sentencia eche abajo sus objetivos. La insistencia en que Griñán es un hombre honrado, tan reiterada los días posteriores a que se conociera la codena, está asentada no solo en el Psoe sino en la mayoría de las personas que conocen a Griñán; pero que sea honrado respecto a su patrimonio no significa que quede libre de pecado si forma parte de una operación ilegal para favorecer a su partido y a personas cercanas a su partido.

La pelota está ahora en manos del gobierno. Más concretamente de Pedro Sánchez. Se trata de una sentencia que llega en el peor momento, con un Sánchez maltratado por los sondeos y que solo encuentra defensa en el ataque a Feijóo de forma inmisericorde y pronunciando constantemente la palabra corrupción. Llega en un momento en el que el propio presidente, y sus ministros, han puesto en marcha una estrategia con la que pretenden echar por tierra las encuestas y vencer al PP en las urnas con el slogan "el gobierno de la gente". En su recorrido a lo largo y ancho de España, Sánchez no encuentra a mucha gente en sus actos públicos, pero sí algún que otro indeseado abucheo.

Habrá que ver ahora qué le dice "la gente" sobre un posible indulto a Griñán, después de conocer las conclusiones del Tribunal Supremo.