El comisionado de la Transparencia, Tomás Quintana, apostó ayer en las Cortes por «repensar» la potestad sancionadora del órgano para hacer cumplir sus resoluciones entre las administraciones públicas que recoge el borrador de anteproyecto que prepara la Junta para que Castilla y León cuente con una nueva Ley de Transparencia. Durante la presentación de la memoria de 2019 en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común del Parlamento autonómico, abogó por que la institución que preside tenga «fuerza coercitiva» para que las resoluciones no sean meras recomendaciones y sugerencias, como ocurre con la labor de la figura que se asemeja al Defensor del Pueblo.

Quintana aseguró que una de las alegaciones al borrador expresaba las «dudas» del organismo sobre la  «operatividad» del dispositivo sancionador previsto ante el incumplimiento de la obligaciones de publicidad activa y del deber de informar.

Defendió que la actuación de carácter ejecutivo de la Comisión de Transparencia no debe ser solo desde el punto nominativo sino también real. «Y para eso, se necesitan mecanismos de coerción como las multas», aseveró. No en vano, consideró necesario «solucionar» la actual falta de ejecutividad real y la vinculatoriedad de las resoluciones dictadas con el ejercicio de una potestad sancionadora.  

Durante su comparecencia, recordó que, el pasado 20 de julio, no se habían cumplido aún el 28 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2019 así como una quinta parte de las aprobadas en 2018. «Por el abultado número de incumplimientos, abogamos por una reforma legislativa que permita la imposición de multas coercitivas como medio dirigido a garantizar la ejecución forzosa de nuestras resoluciones y terminar así con la contradicción que supone que las resoluciones de la Comisión sean ejecutivas como actos administrativos y, en cambio, no se puedan hacer cumplir, debido a lo que consideramos una laguna legislativa».

En este sentido, reiteró que el borrador de anteproyecto no recoge esa facultad. Además, precisó que la «otra cara» del cáracter vinculante de las resoluciones de la Comisión es la posibilidad de que sean impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Quintana precisó que en 2019 todas las sentencias judiciales ante impugnaciones fueron desestimatorias frente a los recursos. «Vienen a confirmar el criterio de la Comisión», apuntó.