Los parlamentarios nacionales palentinos Milagros Marcos, Miguel Ángel Paniagua, Rodrigo Mediavilla, Jorge Martínez Antolín y Carmen Fernández Caballero trasladaron a sus grupos en el Congreso y en el Senado una batería de preguntas y propuestas para que el Gobierno desarrolle iniciativas que palíen la difícil situación a la que se enfrentan sectores como el comercio, la hostelería, los agricultores y ganaderos y, en general, el tejido empresarial de Palencia.

Las propuestas se diseñaron tras mantener “numerosas conversaciones” con los representantes de los sectores más perjudicados en la provincia por la situación de alerta generada por el Covid-19, y entre ellas destacan las medidas tributarias para autónomos y empresarios. En este sentido, reclamaron el aplazamiento de tres meses para la presentación de la declaración y autoliquidaciones; la puesta en marcha de un sistema que permita el pago aplazado de forma fraccionada; la exención de las cuotas de autónomos en el periodo de alarma, y tarifa plana desde marzo hasta tres meses después del cierre forzoso.

Asimismo, apelan a medidas económicas para proteger a empresarios como la regularización estricta de las rebajas, flexibilización de acceso a créditos al cero por ciento y la eliminación de trámites burocráticos.

Los parlamentarios preguntan asimismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez por las condiciones en las que, tanto los sanitarios como los trabajadores de asistencia a domicilio y los servicios funerarios están desarrollando su trabajo y los equipamientos que están recibiendo.

Exigen además, medidas para proteger a los trabajadores de mensajería y comerciantes, con iniciativas para que se garanticen a las empresas de transporte y mensajería la dotación de material para garantizar su seguridad, instando al cese de reparto de artículos no considerados esenciales. Y la posibilidad de la paralización de la venta online de artículos no esenciales.

Los palentinos del PP también reclaman apoyo al sector turístico de la provincia, para que las agencias de viajes no vean sus seguros cancelados, y para impedir que el proveedor mayorista decida no devolver el dinero de las reservas. Otra media que piden es que se garantice, en condiciones de seguridad, la entrega de prensa en el medio rural.

El campo también está presente y demandan medidas de promoción de la actividad de los agricultores y ganaderos, de los transportistas y de los distribuidores. Exponen los representantes populares que el funcionamiento de la cadena agroalimentaria depende de medidas para minimizar los riesgos sanitarios, clarificando las opciones de movilidad de los trabajadores del campo hasta sus puestos de trabajo, o la garantía de suministros para que no se vea interrumpida la producción. En este capítulo también destacan la flexibilización de los pagos directos de la PAC, tanto en el plazo de solicitud, como de las formas telemáticas para optar a la prestación.

Otras preguntas se centran en las medidas que va a tomar el Gobierno en cuanto al sector del ovino y porcino y propuestas al mismo sobre posibles líneas de actuación de cara a garantizar su futuro como las ayudas al almacenamiento de las carnes congeladas, las vías para la exportación a otros países y las campañas para el consumo de ambas especialidades.

Asimismo, cuestionan por las condiciones de seguridad, descanso y abastecimiento, en las que las Fuerzas Armadas están realizando sus funciones y en qué localidades; y por las medidas tomadas para la adaptación de la prestación del servicio en los servicios de transporte ferroviario y sobre la seguridad existente y la dotación de equipos al personal dependiente del Estado que trabaja para Renfe y para Adif. También se incluye un apartado sobre los protocolos de desinfección en las estaciones, vagones de los trenes y cabinas de conducción.

Por último, piden explicaciones sobre el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad y sobre el inventario de existencias de material sanitario disponible en el centro Penitenciario de la Moraleja en Dueñas.