Entre los 2.800 asistentes, según la Guardia Urbana de Barcelona, y los 200.000 que contaron los organizadores de la plataforma Escuela de Todos, a favor de que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña, o al menos que la Generalitat cumpla la sentencia del Tribunal Supremo para que se imparta la cuarta parte de las asignaturas en la lengua oficial del Estado, hay una buena cantidad de matices que trasciende la guerra de cifra propia de todas las manifestaciones multitudinarias, para convertirse en un síntoma de cómo se afronta el problema lingüístico en Cataluña. En estos casos la cantidad si importa porque revela la profundidad del problema y cómo afecta al desarrollo de la vida cotidiana, si, en efecto es un problema real o exacerbado, más allá de la intransigencia de las autoridades catalanas con la inmersión lingüística y el derecho de todos los padres que viven en el Principado a que sus hijos reciban enseñanza en su lengua materna.
La Generalitat es experta en poner trabas a la enseñanza en lengua castellana y no duda en cambiar las leyes para sortear las sentencias judiciales. Pero también es cierto que los conflictos por la lengua tienen más o menos intensidad en función de la posición que tenga la derecha española, en el gobierno o en la oposición, y su necesidad de pactos con los nacionalistas, como se ha visto en el pasado y como se observa ahora con los socialistas, más comprensivos con la enseñanza en catalán.
Que el conflicto lingüístico en Cataluña es material electoral altamente inflamable y fuente de contradicciones internas en el seno de los grandes partidos es evidente y tanto el PP como el PSOE hacen malabares para defender una cosa y la contraria según el momento y las circunstancias. En el PSOE no opinan lo mismo los socialistas extremeños, por poner un ejemplo que los del PSC. Y tampoco es lo mismo la apuesta por el "bilingüismo cordial", que preconiza Alberto Núñez Feijóo que las palabras de Cuca Gamarra, que si asistió a la manifestación de Barcelona, cuando habla de la estigmatización de los padres y profesores que piden la educación en castellano, en un ejemplo típico de poner una vela a Dios y otra al diablo, para buscar votos en Cataluña por las dos vías, la de la dureza verbal para contentar a unos, y la de la amabilidad lingüística para tratar de que el PP deje de ser la última fuerza política en Cataluña, sin que ello le quite votos en el resto de España.
Eso lo han visto el resto de los dirigentes políticos de la derecha, los de Ciudadanos y de Vox, que también recelan de la política lingüística que aplicó Núñez Feijóo, en Galicia dado que para ellos cualquier cosa que no sea el predominio total de la lengua oficial es un ataque a la unidad de España, a pesar de que ni en Cataluña ni en el resto de comunidades con lenguas cooficiales el castellano se encuentre en peligro. Al líder del PP, no obstante le queda pasar de las musas al teagtro, de su deseo de que se produzca una convivencia lingüística amable a la formulación de cómo pretende logralra, si con manifestaciones y recursos judiciales o buscando un acuerdo, bien que bastante difícil con la Generalitat que es intransigente con el proceso de inmersión lingüística. Y si necesita a Vox para gobernar el problema se enconará.