El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado hoy con el voto a favor del grupo Popular, grupo Mixto y Ciudadanos, y con la abstención del grupo Socialista, la modificación del Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación municipal para mejorar la asistencia económica a las entidades locales. El objetivo es que puedan contar con instrumentos financieros que les aporten liquidez y financiación con los que hacer frente a los incrementos de los costes en energía y combustibles, así como para poder asumir la cofinanciación o anticipo de proyectos enmarcados en las líneas de ayudas de la Agenda Rural o de fondos europeos.

La Caja Provincial de Cooperación municipal regula la asistencia económica de la Diputación a las entidades locales a través de la concesión de préstamos y operaciones de tesorería. El reglamento que hoy ha sido modificado fue aprobado por el Pleno en sesión de 19 de febrero de 2021 sustituyendo al 26 de mayo de 2016.

El equipo de Gobierno de la Institución provincial, y concretamente el Área de Hacienda, a cuyo frente está la diputada María José de la Fuente, ha tomado la decisión de modificar el reglamento a la vista de la complicada situación presupuestaria y económica que están viviendo los ayuntamientos en cuyos presupuestos repercute el incremento de costes de energía eléctrica, gas y combustible. También se ha tenido en cuenta la importancia de que cuenten con instrumentos financieros que les aporten liquidez y financiación para hacer frente a la cofinanciación o al anticipo del gasto en subvenciones provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia u otros programas de las AAPP.

Asimismo, se han valorado otras cuestiones que aconsejan revisar determinados artículos para adaptar a otras las necesidades y demandas de las entidades locales. En definitiva, se trata de realizar unos retoques normativos que permiten eliminar aspectos autoimpuestos.

Concretamente, en lo que se refiere a la limitación que establecía el artículo primero de un importe máximo anual de 300.000 euros del capital de la Caja para operaciones de tesorería y que cada Ayuntamiento sólo pudiera acudir a estas operaciones cada dos años.

La experiencia de los años transcurridos desde que se introdujo esta nueva finalidad en 2016 ha puesto de manifiesto que no existe una excesiva demanda de este tipo de operaciones que obligue a limitar la disponibilidad de las mismas a favor de las entidades locales. De esta manera, no se establece importe máximo y la aceptación de la petición estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria en cada momento.