El objetivo principal era dar visibilidad a la mujer, conseguir igualdad de derechos y que cotizaran por un trabajo que llevaban realizando toda la vida. Sin embargo, la realidad no ha cumplido con las expectativas generadas con una ley que entró en vigor en octubre de 2011 para lograr mayor presencia femenina en el campo. Diez años después, solo suma 384 explotaciones en la Comunidad y 924 en toda España, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las explotaciones que se van sumando a esta medida se contabilizan con cuenta gotas pese a los esfuerzos por aumentar los beneficios de la misma, las ventajas fiscales y la difusión de las ayudas.
Desde el propio Ministerio reconocen que desde su aprobación en 2011, la implantación de esta figura ha tenido un desarrollo lento debido a múltiples factores: «la desigual puesta en marcha de los registros autonómicos, el desconocimiento de la ley por parte de los gestores implicados o la diversidad estructural del sector agrario son algunos de ellos».
A pesar de las cifras tan bajas a nivel nacional, la Comunidad castellana y leonesa es la autonomía que más explotaciones ha sumado a esta iniciativa. Cuatro de cada diez propiedades adheridas a esta normativa son de Castilla y León (un 41,55 por ciento del total). Por detrás de ella se sitúan Castilla-La Mancha (226), Extremadura (87), La Rioja (46), País Vasco (42), Galicia (31), Andalucía (29) y Aragón (21). A estas les siguen Navarra, Valencia, Cataluña, Murcia, Asturias y Cantabria con números por debajo de 17 casos. Hay comunidades que no han contabilizado ninguna explotación como Madrid y Baleares.
Las cifras logradas quedan muy lejos de las previsiones anunciadas por el Gobierno en el año 2011 cuando se tramitaba la ley, una que el Ministerio estimaba en ese momento que entre 36.000 y 63.000 explotaciones se podrían beneficiar de esta legislación, aunque la realidad ha sido muy diferente.
Valoraciones
Desde Asaja detallaron que ha sido en los últimos años cuando esta figura jurídica ha despertado el interés del sector y muchos matrimonios de agricultores optan por este sistema para gestionar su explotación, ya que supone una participación igualitaria de ambos cónyuges y a la vez tiene ventajas fiscales y de acceso a ayudas públicas.
Por su parte, la presidenta de Fademur en Castilla y León, Loreto Fernández, aseguró que la ayuda directa de 5.000 euros recientemente aprobada será un buen incentivo para que más explotaciones se sumen a esta medida y «deben aprovechar el momento». Además, insistió en que las características de las explotaciones de la Comunidad han provocado que lideremos este ranking. También Elena García Gil, de Femur, recalcó que se trata de una buena ley de la que sobre todo se benefician las jóvenes que se incorporan al sector agrario.