Ya avisaron los tres grupos de la oposición -Vox, Ganemos y PSOE- de que el acuerdo alcanzado para la ejecución de la sentencia de la calle Jardines, que pasa por el abono íntegro y en efectivo a la Diputación por parte de la ciudad de 26,8 millones de euros, no era de su agrado. Una disconformidad que ayer dejaron clara en la comisión de Urbanismo, a la que el equipo de Gobierno llevó la propuesta, con su voto en contra, lo que impidió que el pacto entre las dos instituciones llegue al pleno la próxima semana con un dictamen favorable. 

El gesto carece de implicación alguna más allá de ser un aviso al equipo de Gobierno de PP y Cs de lo que puede ocurrir en el pleno que se celebrará la próxima semana, seguramente el miércoles, para que coincida con el sorteo de los miembros de las mesas electorales del 13-F. Ese día Mario Simón, quien ha asumido y liderado las negociaciones con la Diputación, sí necesita que uno de los tres grupos cambie de opinión si quiere que todo el trabajo realizado en los últimos meses prospere. 

Todas las miradas están puestas en el Partido Socialista, que ayer expresaba su sorpresa ante la «pasividad» tanto del equipo de Gobierno de Cs y PP como del de la institución provincial a negociar o, al menos, debatir, la propuesta que lanzó el lunes para llegar a un acuerdo: que se inviertan tres millones de euros más en la ciudad.

Cabe recordar que el acuerdo incluye la intención de la institución provincial de crear un fondo dotado con el justiprecio fijado en su día por las dos parcelas necesarias para completar la calle Jardines, 17.431.778,32 euros, más los intereses que se generaron hasta que se firmó el convenio, el 1 de octubre de 2010, es decir, otros 1.732.975,67 euros. En total, 19,16 millones de euros.

De ese dinero, según concretó ayer el PSOE, ya que tanto el Ayuntamiento como la Diputación siguen sin dar a conocer públicamente la totalidad del acuerdo, la ciudad recibirá 9,5 millones, que servirán, esa es la intención, para amortizar parte de la deuda en los meses siguientes. 

Desde el PSOE dan por buena la fórmula técnica, pero Miriam Andrés recuerda que hay otros 9 millones -los que restan hasta los 26,8 y que corresponderían a las prórrogas aprobadas en 2012, 2014, 2016 y 2018-  de los que la Diputación no dice nada. «Podrían ser destinados a un plan de inversiones para todos los ayuntamientos de la provincia, del cual la capital podría resultar beneficiada a través de la inversión en una titularidad provincial, por ejemplo el Camino de San Román», insistió ayer Andrés.

La falta de respuesta a la propuesta hizo que la dirigente socialista criticase ayer «la poca capacidad de diálogo tanto del alcalde como de la presidenta de la Diputación», aprovechando para recordarles que llevarla a cabo depende de «la mera voluntad política del PP». De si se tiene en cuenta o no, de si se negocia o se ignora, dependerá que los socialistas cambien su voto el próximo miércoles, A día de hoy, la única vía posible para que el pacto salga adelante.

Simón: «Es la mejor solución para los palentinos y la única viable»

El alcalde, Mario Simón, presidió la comisión de Urbanismo donde insistió en que «la solución presentada es la única viable; tiene el aval de los funcionarios y permite la reversión de más de 9 millones de euros a la ciudad». El regidor explicó que el plazo de ejecución voluntaria de la sentencia «se cumple en apenas unos días», y defendió que la propuesta «reduce el costo económico y garantiza la operatividad del Ayuntamiento». «Hemos sido leales y transparentes [con la oposición] y han preferido anteponer sus posiciones políticas al Ayuntamiento y de los palentinos. Esperemos que recapaciten», finalizó.